Las diferencias surgidas dentro del oficialismo por las reformas constitucionales incluidas en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) podrían transformarse en uno de los principales obstáculos para la estrategia legislativa del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El cientista político Aldo Cassinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, sostuvo que La Moneda necesita primero construir una posición común entre las fuerzas que respaldan al Ejecutivo antes de iniciar negociaciones con la oposición.

“Mientras no despejemos la idea de saber bien qué es lo que se propone, va a ser complejo, incluso para el Gobierno, ir encaminando la búsqueda de acuerdos significativos”, afirmó Cassinelli en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador.

La controversia se intensificó después de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionara las primeras versiones de la reforma y advirtiera que, bajo esas condiciones, su colectividad no podía respaldarlas porque podían afectar la institucionalidad.

Desde Renovación Nacional también aparecieron reparos. Su presidenta, Andrea Balladares, cuestionó la utilización de la Constitución para resolver materias que podrían corresponder a políticas públicas.

Para Cassinelli, estas posiciones muestran que las propuestas han sido discutidas dentro del sector, pero que eso no significa que exista todavía un acuerdo político sobre ellas.

“Cuando uno busca los acuerdos dentro del Gobierno, lo primero que tiene que hacer es tener de acuerdo al menos a quienes lo apoyan”, señaló.

El académico considera que el Ejecutivo necesita establecer una línea argumental clara sobre los objetivos de la reforma y entregar a sus aliados fundamentos comunes para defenderla durante la discusión parlamentaria.

CONSEGUIR 4/7

El problema adquiere especial relevancia debido al quórum necesario para modificar la Constitución. El Ejecutivo requiere cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por lo que los votos oficialistas no son suficientes.

Esto obligará a La Moneda a negociar con sectores de la oposición.

Según Cassinelli, mientras más amplio sea el contenido de la reforma, más difícil podría resultar construir una mayoría transversal. En particular, identificó las disposiciones relacionadas con derechos sociales como uno de los asuntos potencialmente más complejos.

“La lógica de una reforma constitucional en temas de derechos sociales creo que es complejo que obtenga la votación, los cuatro séptimos de votación que se requiere tanto en el Senado como en la Cámara”, sostuvo.

El diagnóstico apunta así a un doble desafío para el Ejecutivo: cerrar primero las diferencias dentro de su coalición y posteriormente ampliar el acuerdo hacia la oposición.

La discusión ocurre mientras el Gobierno ha ido acotando el alcance de su propuesta original, buscando concentrar los cambios constitucionales en aquellas materias consideradas indispensables para implementar su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. (NP-ChatGPT-El Mostrador)