Entre 2022 y 2024, el ingreso monetario promedio de los hogares aumentó, pero este crecimiento no se explica principalmente por mayores ingresos laborales, sino por el fuerte incremento de los subsidios monetarios. En 2024, estas transferencias alcanzaron, en promedio, $84.573 mensuales por hogar, el nivel más alto registrado en la serie. En los hogares de menores ingresos, el peso del Estado es aún más evidente: en el primer decil, casi siete de cada diez pesos del ingreso monetario provienen de transferencias, y en el segundo decil los subsidios explican cerca de un cuarto del ingreso total. Solo a partir del tercer decil la dependencia del ingreso laboral vuelve a ser dominante.
Este patrón plantea una pregunta ineludible: ¿está el Estado reemplazando parcialmente al mercado laboral? El ingreso monetario promedio sube, pero el crecimiento de los subsidios ha sido claramente más acelerado que el del ingreso proveniente del trabajo. Esto sugiere que, sin transferencias, la pobreza sería considerablemente mayor. La lectura es doble. Por una parte, el gasto social ha sido efectivo para amortiguar la vulnerabilidad; por otra, el empleo no estaría cumpliendo su rol central como principal generador de ingresos.
Sí, el sistema de transferencias funciona. El problema no es la existencia de subsidios, sino el riesgo de que estos se transformen en un componente estructural del ingreso de los hogares, no como complemento, sino como sustituto del trabajo. Lo preocupante es que el mercado laboral no está generando suficientes ingresos, especialmente para los hogares de menores recursos. Parte importante del bienestar observado hoy se sostiene crecientemente por el Estado, en un contexto de empleo estancado y baja creación de puestos privados formales. Este escenario es consistente con un ingreso laboral que, en los hogares más vulnerables, no logra reemplazar el rol que actualmente cumplen las transferencias monetarias.
Sin empleo formal, el ingreso laboral no despega, y el Estado entra a suplir esa carencia. Pero cuando la política social deja de ser un complemento y pasa a ser un sustituto, emergen riesgos evidentes de mediano plazo. En lo fiscal, sostener ingresos vía transferencias es cada vez más costoso. En lo social, se debilita la autonomía económica de los hogares y se limitan las posibilidades de movilidad social.
Este diagnóstico se refuerza al observar la distribución del ingreso. El 10% de mayores ingresos recibe más de 15 veces el ingreso del 10% más pobre. En el caso del ingreso autónomo, la brecha es aún más pronunciada, superando las 50 veces. Esto revela que el mercado laboral no solo es débil en generación de ingresos, sino que también amplifica desigualdades, que luego el Estado corrige parcialmente a través de transferencias.
La Casen 2024 muestra avances en la reducción de la pobreza, pero también evidencia que estos avances se sostienen cada vez menos en el trabajo y cada vez más en la acción del Estado. El desafío ya no es solo reducir la pobreza en el corto plazo, sino evitar que se vuelva permanente.
Chile debe seguir fortaleciendo su red de protección social, pero el foco estratégico debe estar en mejorar la capacidad de generación de ingresos de los hogares más vulnerables, a través de un mercado laboral más dinámico, formal e inclusivo. Sin un empleo capaz de generar ingresos suficientes y estables, la reducción de la pobreza seguirá dependiendo más de subsidios que de oportunidades reales. (El Mercurio)
Carmen Cifuentes V.
Investigadora CLAPES UC Profesora Economía UC
Felipe Larraín B.
Director CLAPES UC Profesor titular Economía UC
