El presidente de la comisión investigadora por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, Andrés Longton (RN), acusó que la respuesta del Mandatario al caso «está absolutamente alejado de la realidad» y afirmó que «lo más probable es que haya un pacto de silencio al interior del Gobierno para proteger a ciertas personas«.
Mediante una carta dirigida a la comisión, el presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró que su participación en la adquisición de la vivienda «fue acotado y se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra».
Además, aseguró que «no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa» y agregó que «apenas se me informó de las consecuencias que podría tener la adquisición, instruí que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso, tal como se informó a la opinión pública el pasado 3 de enero del presente año».
El parlamentario también cuestionó el rol de la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya: «Si (Moya), que es su mano derecha, quien revisa los decretos para ponerlos en el escritorio del Presidente y además es su íntima amiga y probablemente por eso sigue en su cargo, tenía la obligación de decirle al Presidente y no le dijo, o pasan dos cosas: o ella tenía que haber abandonado su cargo o si no lo abandonó es porque probablemente el Presidente sabía. Porque si no sabía, es inexplicable que todos los abogados, partiendo por la jefa jurídica de la Segpres, continúen en su cargo».
«Lo dijo la exministra Sandoval (de Bienes Nacionales): participaron 17 abogados en esta operación. Cada uno de esos abogados debería haber abandonado su cargo. Si no cumplen los requisitos mínimos de diligencia para advertir una situación que varios funcionarios advirtieron, entonces claramente no estamos frente a un error, estamos frente a una operación avalada desde el más alto nivel», agregó. (Emol)
