Hay ocasiones en que los problemas son oportunidades encubiertas. Es el caso del debate abierto con motivo de la prisión preventiva decretada sobre Leonarda Villalobos. Sin embargo, es muy lamentable que situaciones concretas, que afectan y discriminan a personas particulares, sirvan para que se abra una caja de Pandora sobre las condiciones carcelarias con criterio de género.
Mas aún, que respecto de un problema, esencialmente de género, ni los movimientos feministas ni las diversas comisiones sobre el tema, encargadas de visibilizar las brechas que aún subsisten en varias áreas respecto de las mujeres, hayan reparado en una situación altamente discriminatoria a la que nadie parece querer referirse. Es lo que ha sucedido históricamente con los problemas penitenciarios que afectan a las mujeres y sus familias.
Lo dijo días atrás el ministro Cordero. La historia de la prisión femenina, reconocida como tal —antes eran “casas de corrección”, administradas por instituciones religiosas— efectivamente no ha considerado criterios de género. De hecho, el actual Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, la principal cárcel de mujeres del país, ha ido desarrollándose desde las instalaciones del noviciado de la Congregación del Verbo Divino. Se han agregado módulos en torno a diversos patios, donde incluso unas 50 mujeres pueden compartir un dormitorio procurándose espacios de intimidad muy precarios.
Hasta que la cárcel de San Miguel fue acondicionada después del dramático incendio de 2010, el CPF albergaba tanto a mujeres condenadas como a imputadas. Estas últimas permanecen actualmente, en su mayoría, en San Miguel, donde fue ingresada Leonarda Villalobos.
La oportunidad encubierta de una situación de discriminación —no hay “Capitán Yáber” para Leonarda—, al hacer pública la ausencia de criterios de género en las condiciones carcelarias para mujeres, es que ha permitido abrir un debate, ojalá de amplio alcance, sobre la prisión femenina en Chile.
Chile tiene uno de los índices más altos de encarcelamiento femenino del mundo, después de Estados Unidos. Actualmente, alrededor del 8% del total de la población carcelaria son mujeres. Entre ellas, hay más de 60 que cumplen condena —no prisión preventiva— por delitos económicos. Es decir, esta situación de discriminación no comenzó con el caso Audio ni mucho menos.
También parece relevante ampliar el debate hacia quiénes son las personas —hombres y mujeres— que, habiendo cometido delitos económicos y no violentos, tendrían acceso a penales considerados más dignos. Son varias las preguntas que surgen al respecto. Por ejemplo, un hombre que no ha cumplido con sus deberes de sustento hacia sus familias —el pago de la pensión alimenticia, ¿podemos calificarlo como delito económico no violento? Porque podemos pensar que muchas mujeres que cometen delitos menores, como por ejemplo microtráfico, lo hacen justamente porque son jefas de hogar y no tienen el sustento que debieran para sus hijos e hijas de parte de sus padres. Ellas están —y hay muchas en esas condiciones— en San Miguel o en el Centro Penitenciario Femenino, mientras los padres acceden a Capitán Yáber.
No considera bueno que existan cárceles de élite, dijo la abogada de Leonarda Villalobos. Pero si las hay, dijo, el trato que recibe su defendida debiera ser el mismo de sus “colegas” del caso Audio. Es decir, acceder a una prisión preventiva en un lugar distinto al común de quienes reciben medidas cautelares. La pregunta de fondo es cuál es el criterio con el cual se justifican penales como Capitán Yáber. Y para quiénes.
Pareciera que la abogada Borda tocó un punto relevante que excede la ausencia de criterios de género. Se trata de sincerar los criterios por los cuales hoy en día unas personas —hombres o mujeres— que cometen delitos económicos debieran o no acceder a mejores condiciones carcelarias que otras sobre las cuales esta discusión no se abre. ¿Para quiénes debieran abrirse “cárceles de élite”? Ello, en un país donde existe igualdad ante la ley y donde hay —conozco los penales femeninos— mujeres ancianas y con graves enfermedades que no reciben el trato digno que también merecen, como Leonarda Villalobos. (El Mercurio)
Ana María Stuven
Historiadora Presidenta Corporación Abriendo Puertas
