La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado viernes 30 de enero una amnistía general y el cierre definitivo de El Helicoide, recinto que funcionaba como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia y que ha sido señalado históricamente como un centro de torturas. La medida se da a casi un mes de la captura de Nicolás Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos, en un escenario marcado por la presión de la comunidad internacional y la expectación sobre el futuro político del país caribeño.
El anuncio ha sido recibido con cautela por organizaciones de derechos humanos, que ven en el cierre del edificio un gesto simbólico de alto impacto debido a su visibilidad en Caracas y su asociación con la represión estatal. Expertos y politólogos advierten que, aunque el cese de operaciones en dicho recinto es un avance, esto no garantiza por sí solo el desmantelamiento de la capacidad represiva del Estado. Asimismo, recalcan la falta de un cronograma claro que especifique cómo se llevará a cabo la clausura y la posterior reconversión del inmueble.
Respecto a la amnistía para presos políticos detenidos desde 1999, especialistas en justicia transicional subrayan que el proceso debe asegurar la libertad plena y la reparación de las víctimas para ser considerado legítimo. Existe la preocupación de que la medida pueda incluir también a funcionarios del gobierno anterior como una forma de protección legal. Por ello, los activistas insisten en que este paso debe ir acompañado de cambios estructurales que impidan la detención de nuevos disidentes y pongan fin definitivo a las prácticas de persecución política. (NP-Gemini-DW)