Carabineros implementó un nuevo protocolo destinado a estandarizar las persecuciones vehiculares, con el objetivo de reforzar la seguridad de los procedimientos y reducir los riesgos tanto para los funcionarios policiales como para la ciudadanía.
La medida fue oficializada a fines de marzo mediante una orden general firmada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, que incorpora una cartilla con los procedimientos que deben seguir los efectivos al iniciar el seguimiento de vehículos involucrados en delitos.
El documento establece que las persecuciones se desarrollarán bajo el marco de la Ley Naín-Retamal y busca profesionalizar este tipo de operativos, limitando intervenciones fuera del contexto delictual y reduciendo decisiones individuales que puedan aumentar el riesgo de accidentes, lesiones o daños a terceros.
Antes de iniciar una persecución, el funcionario de mayor antigüedad de la patrulla deberá evaluar si existen las condiciones para desarrollarla, considerando factores como el tránsito, la visibilidad, el entorno, las condiciones climáticas y los recursos disponibles. La decisión deberá ser informada a la Central de Comunicaciones (Cenco), organismo encargado de coordinar y supervisar el procedimiento.
El protocolo clasifica las persecuciones en tres niveles. El primero corresponde al seguimiento de vehículos con encargo por robo; el segundo, a delitos flagrantes; y el tercero, a situaciones de alta peligrosidad, como ataques armados contra funcionarios policiales o civiles. El nivel de respuesta podrá modificarse durante el operativo si las circunstancias así lo requieren.
La normativa también determina los vehículos autorizados para participar en estas operaciones. Solo podrán intervenir radiopatrullas, camionetas, SUV policiales y furgones institucionales. Las motocicletas tendrán un rol de apoyo y deberán retirarse de la persecución activa cuando se incorpore un vehículo habilitado para continuar el seguimiento. Asimismo, los vehículos policiales sin identificación institucional no podrán liderar estas maniobras.
Cada nivel contempla un despliegue específico de recursos. Las persecuciones por vehículos robados considerarán dos patrullas; los delitos flagrantes, tres; y los procedimientos de mayor riesgo, cuatro unidades, con apoyo eventual del GOPE, Control de Orden Público, helicópteros o drones.
El reglamento también incorpora medidas obligatorias para los funcionarios, como el uso de chaleco antibalas y cinturón de seguridad, además de prohibiciones expresas, entre ellas manipular equipos de comunicación mientras se conduce, utilizar vehículos como barreras o efectuar disparos disuasivos al aire durante los procedimientos. (NP-ChatGPT-La Tercera)