CIUDAD DE MÉXICO.- El reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes por organizaciones criminales se ha convertido en uno de los desafíos de seguridad que enfrenta México, mientras especialistas advierten que la respuesta estatal no puede limitarse a detenciones y operativos policiales y requiere abordar también las condiciones sociales que favorecen la captación.

El psicólogo forense Aurelio Coronado Mares, rector del Instituto Ciencia Aplicada, sostiene que las organizaciones delictivas necesitan incorporar continuamente nuevos integrantes para reemplazar a quienes son detenidos, asesinados, desaparecen o abandonan sus estructuras.

Según antecedentes citados por Coronado a partir de un artículo publicado en 2022 en la revista Science, los carteles mexicanos necesitarían reclutar entre 350 y 370 personas por semana para mantener su capacidad operativa.

El especialista advierte que actualmente las organizaciones criminales han diversificado sus mecanismos para captar a personas cada vez más jóvenes, recurriendo tanto al engaño como al reclutamiento forzado. Sin embargo, la ausencia de un registro nacional sobre niños y adolescentes incorporados a grupos delictivos dificulta establecer la verdadera dimensión del fenómeno.

Coronado plantea que las estadísticas sobre homicidios, desapariciones, detenciones y delitos permiten observar parcialmente el problema, pero rara vez reconstruyen la trayectoria previa de las personas involucradas, las circunstancias en que fueron contactadas o trasladadas y la eventual existencia de amenazas, deudas, retención de documentos o violencia contra sus familias.

En el estado de Morelos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha desde julio de 2026 el denominado Plan Cuautla, estrategia que busca enfrentar la violencia en esa zona. La iniciativa combina medidas de seguridad con acciones destinadas a intervenir sobre factores sociales relacionados con la delincuencia.

Para Coronado, ese enfoque resulta adecuado en la medida en que reconoce que el problema no puede enfrentarse únicamente mediante patrullajes, operativos y detenciones. A su juicio, una política eficaz debe considerar la permanencia escolar, oportunidades laborales, ingresos, acompañamiento familiar, salud mental, protección frente a amenazas y espacios de participación juvenil.

El especialista también subraya la necesidad de medir el impacto efectivo de los programas públicos, distinguiendo entre la simple existencia de iniciativas y su capacidad real para reducir los factores de riesgo.

Dentro del Plan Cuautla se desarrollan programas orientados a la prevención y la recuperación de espacios comunitarios. Luis Felipe Ríos Reyes, director de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana del municipio de Cuautla, explicó que las acciones buscan reducir factores de riesgo social, fortalecer entornos seguros y fomentar una cultura de prevención.

Entre las iniciativas se encuentra Escuela Segura, programa que promueve el respeto y la colaboración dentro de las comunidades escolares mediante talleres sobre prevención de adicciones, violencia escolar y utilización responsable de redes sociales. También contempla fomentar entre niños y jóvenes la denuncia de delitos y mecanismos de autoprotección.

Comunidad Segura, en tanto, apunta a fortalecer la cohesión social mediante la recuperación de espacios públicos y la creación de redes vecinales. A ello se suman programas de educación vial y Patrulla Juvenil, este último dirigido a niños y adolescentes de entre siete y 17 años e integrado por actividades físicas, valores cívicos, primeros auxilios, defensa personal, campismo y arborización.

Pese a estas iniciativas, especialistas consultados advierten deficiencias en la respuesta institucional. Juan Antonio Taguenca Belmonte, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, señala que México conoce desde hace más de una década la gravedad del reclutamiento juvenil, pero todavía carece de una tipificación penal adecuada que contemple específicamente la captación de menores como delito autónomo.

El académico sostiene además que las políticas deben considerar que algunos jóvenes detenidos pueden haber sido víctimas del propio crimen organizado. En esa línea, plantea una respuesta multidimensional que evite tratar automáticamente a todos los menores involucrados como delincuentes.

Entre las iniciativas preventivas existentes en distintos puntos del país se mencionan programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Ferias de la Paz, además de experiencias estatales y locales desarrolladas en Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México.

Coronado advierte, finalmente, que combatir el fenómeno requiere superar una mirada centrada únicamente en el último eslabón de las estructuras criminales. La investigación, sostiene, también debe dirigirse hacia quienes reclutan, transportan y obtienen beneficios de la incorporación de jóvenes, pues de lo contrario las organizaciones mantienen intacta su capacidad para sustituir a sus integrantes. (NP-ChatGPT-por Viola Traeder-DW)