El ministro de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren ha declarado, en estos días, que Chile “ha agotado su capacidad de recibir migrantes». La realidad de esta frase es indiscutible. El 1.300.000 inmigrantes que ingresaron a nuestro país de 18 millones de habitantes en los últimos seis años, es un porcentaje mayor que el de los inmigrantes que llegaron de Siria a Alemania durante la avalancha provocada por la guerra en aquel país.
Pero así como los prófugos de Siria no sólo fueron a Alemania, tampoco los de Venezuela, Haití y otros países han venido solamente a Chile. Se estima que, de los 7.100.000 venezolanos que han dejado su tierra, no más de un 10% vino a Chile; la gran mayoría se encuentra en América del Sur, especialmente en Colombia, Perú, Brasil y Chile. No ha llegado una cifra más grande de lo habitual a Estados Unidos, país que sin embargo ha tenido que lidiar con un creciente caudal de inmigrantes de Centroamérica.
Al comienzo, la actitud de la mayoría era favorable o al menos benévola ante esta nueva realidad. Al fin y al cabo, Chile siempre fue un país de escasa migración y muchos de los recién llegados no tenían mayores problemas de inserción laboral. Un estudio del CEP afirmaba en cifras de 2016 y 2017, que los inmigrantes tenían niveles de ingreso superiores o similares a los de los chilenos. El propio Presidente Piñera defendió muchas veces su invitación a los inmigrantes venezolanos, argumentando el número de profesionales que venían entre ellos. Por lo demás, casi todos los inmigrantes, de cualquier nacionalidad, habían ingresado legalmente al país y, aunque hubieran excedido su tiempo de permanencia, eran identificables por sus registros de ingreso.
La situación cambiaría fuertemente en los últimos años hasta llegar a la actual situación, reflejada en que las cifras de la más reciente encuesta Cadem, son muy negativas. Los chilenos y chilenas estiman que los inmigrantes son ya un 20% de la población (son menos de 10%), rechazan su presencia como negativa para el país (77%), y creen que hay que cerrar las puertas a la migración (86%). Estas cifras son, por más de dos dígitos, peores que las de hace un año; las pocas percepciones positivas también caen de manera considerable: todavía son más los que creen que los extranjeros que están legalmente en el país deben tener los mismos derechos que los chilenos, pero esa cifra es un 16% menor que la del año anterior.
No es difícil entender las razones por las cuales se han producido estos cambios. Ellos tienen lugar en un clima social, económico y político deplorable, en el cual el estallido social y la pandemia transformaron muy negativamente la vida cotidiana de la mayoría de los chilenos y chilenas. Si 2020 fue en todo el mundo un año para olvidar, en Chile puso un final abrupto a cualquier ilusión de cambio positivo para la mayor parte de la población, generando en cambio desconfianza y frustración.
La inmigración ilegal, ya bastante criticada en 2019, se estancó en 2020, como producto del cierre de las fronteras y fue reemplazada por el ingreso por pasos no habilitados de un gran número de inmigrantes indocumentados. A esa nueva realidad se agregarían la incertidumbre económica y la inseguridad, todo lo cual cambió para mal la imagen que los chilenos tienen de su país y destruyó cualquier intento de tener la migración segura, ordenada y regular que proclaman los acuerdos internacionales.
El contenido del proceso migratorio en Chile cambió, por lo tanto, a partir de 2020. El número de inmigrantes que habían ingresado legalmente, pero habían excedido los tiempos de permanencias, eran la gran mayoría hasta 2019. En la ley promulgada a principios de 2021, tienen un camino de regularización. Pero los inmigrantes recién llegados, que son cerca de 70 mil, ingresaron ilegales e indocumentados y en la misma ley, sólo tienen la opción de salir voluntariamente o ser expulsados.
Bien sabemos que han existido muchos intentos de expulsión, pero muy pocas de ellas se han concretado. Por esa vía, se podrán apresurar más casos, especialmente si tenemos cooperación de los países a los cuales quieren llegar o volver. Pero el gran proceso migratorio ya se produjo y cambió para siempre el rostro del país. Chile tiene que asumir la realidad de un proceso que involucra a un número de alrededor de un millón y medio de personas; debe regularizarlos, separar a los que no pueden permanecer y dar un trato justo y humano a cada uno de los nuevos ciudadanos y ciudadanas de este país.
Las medidas represivas desde la detención por falta de papeles (87%) y las expulsiones de ilegales (73%) son favorecidas por altas mayorías, pero por lo general son poco efectivas, se aplican con dificultad y tienen un efecto más populista que real. La mejor posibilidad de ordenar nuestra nueva realidad, es asumirla y enfrentarla en cooperación y coordinación con los países de América del Sur que enfrentan una situación similar.
La Cancillería chilena y sus órganos especializados han buscado la cooperación de otros países de la región, hasta ahora con poco éxito. El canciller mismo ha emprendido desde el comienzo de su mandato algunas gestiones, comprendiendo bien que este no es un problema unilateral, sino compartido, porque el asunto migratorio afecta a casi todos los países de América del Sur y requiere de una mirada regional.
Si hacemos un cálculo más bien conservador, podemos estimar que sólo los migrantes venezolanos (los ilegales de ese país en Chile son más de un 75% del total) son más de cinco millones en Sudamérica. Los países en que se encuentran son principalmente Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile, más recientemente Argentina y cantidades algo menores en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Cuando todos los países tienen este problema, no hay posibilidad de trabajar de manera unilateral. Impedir el ingreso de indocumentados supone que el país de donde vienen debe recibirlos de vuelta. Hasta ahora ha habido una cierta cooperación de parte de Perú y casi ninguna de parte de Bolivia. Pero es cada vez más difícil obtener esa cooperación, cuando los vecinos sienten que ellos deben soportar la carga de los “retornados».
Ese problema se ha vivido recientemente con nacionales de Haití y Venezuela que quieren retornar a su país, o al menos dirigirse hacia el norte; pero la autoridad peruana no los deja ingresar a Perú por temor a que permanezcan allí. En suma, hay un gran número de migrantes y todos quieren reducir o al menos mantener su número. Los que salen de uno, irán al otro. Chile, en este contexto participa y lidera la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, cuya membresía la comparte con Perú, Colombia y Argentina. Así mismo promueve el denominado Proceso de Quito como también actúa en el ámbito de Migraciones y Diálogo CELAC.
Algunas importantes tareas de estos escenarios son las siguientes:
1.- Lo primero es determinar la cantidad total de inmigrantes que cada país tiene y determinar qué número de ellos podrían volver voluntariamente a su país de origen. En este aspecto la presión recae sobre todo en Venezuela, (aunque no el único), que ha disminuido su población en cerca de la cuarta parte.
2.- Incentivar la creación de corredores humanitarios para permitir que ciudadanos y ciudadanas migrantes (venezolanos y de otras nacionalidades) puedan transitar con las facilidades pertinentes respetando sus derechos, para el retorno a su país.
3.- Se debe lograr un acuerdo inmediato para intercambiar información sobre cada uno de los inmigrantes, con documentos de identidad verificables, para poder realizar los procesos de regularización correspondientes.
4.- Se debe coordinar los servicios de inteligencia y seguridad, para intercambiar información reservada sobre cada inmigrante que solicite residencia en un país. Los inmigrantes que tengan antecedentes delictuales deberían retornar a su país, salvo que ya hayan cometido delitos en sus países de residencia.
5.- Todos los países deben asumir la responsabilidad de recibir a aquellos ciudadanos que deseen voluntariamente retornar a su país o que sean expulsados del país en el cual residen.
6.-Se debe uniformar cuanto sea posible las formas y datos de los documentos de identidad, a fin de facilitar el intercambio de información.
7.- Sin perjuicio de lo anterior, se deben cancelar los acuerdos sobre uso de documentos de identidad para ir de un país a otro, cuando no den plenas garantías de su idoneidad.
8.-Al mismo tiempo de adoptar estas medidas de seguridad, los países deben comprometerse a dar a los inmigrantes protegidos por este acuerdo, un trato nacional con todos sus derechos.
Finalmente, es deseable que Chile promueva y vele por la generación de un estándar común y compartido en la región latinoamericana sobre las conductas que serán o son consideradas punibles en el ámbito migratorio, conforme a las normas internacionales que rigen esta materia. (El Líbero)
José Miguel Insulza
