Casi seis horas del escándalo notarial de Diego Ancalao y en Mentiras Verdaderas de La Red también reñían Rafael Montecinos, uno de los voceros de la Lista del Pueblo, y Ángel Spotorno, expulsado de ella en el lío previo por Cristián Cuevas. Bajaron a las cloacas.
Spotorno sacó al baile a otro LdP, Mauricio Menéndez: “Hacía los audiovisuales y además cobraba por ello. En el Servel puedes encontrar facturas por casi $30 millones por la franja electoral”. Montecinos lo defendió: hizo unos “350 videos, un producto cercano al cine, con un valor de $1 millón y medio” cada uno, y que facturó “$30 millones” en vez de “$500 millones”.
De vuelta encaró a su rival: que cómo él podía haber facturado “cerca de $13 millones a una convencional que no voy a nombrar, con unos productos básicos, unos 2 ó 3 videos” (..) Dos cajas de flyers y tres videos: $13 millones. Una burla” . Y que “incentivaron a la gente a facturar. Facturaron millones por pequeñas cosas”.
El otro aseguró que no, que fue “una campaña que incluye imprenta, gráfica, video”y “hay calendarios, pósters, pegatinas, son cientos de miles de flyers que se distribuyeron. Todo eso es acreditable”.
Inflar gastos o tratar de pasar por tales documentos que nada tienen que ver es un truco archiconocido para, dicen, saltarse las reglas del juego electoral y así bajar costos: pagas 10, te hacen una boleta por 50 y rindes eso para justificar. Pero por lo mismo el margen para perpetrarlo es más estrecho -mucho, aunque quedarían intersticios vulnerables- tras las reformas legales que el 2016 regularon un mercado que sus actores recuerdan oscuro.
“Hacer caja es mucho más difícil ahora, el Servel puede fiscalizar más”, entra María Jaraquemada, oficial de programa de Idea Internacional. Y más sin caer en ilícitos.
Las reformas también normaron la famosa devolución fiscal que autoriza el Servel a las candidaturas si aprueba sus rendiciones. El reembolso, del que se postea harto y se sabe menos, sería -piensa cierta gente- incentivo para tanto tentado en candidatearse a presidente, parlamentario o lo que sea. Aunque no tenga cómo ganar.
¿Puede quedar uno felizmente ‘forrado’ llegando tercero o cuarto en una elección? ¿O solo si se les saca mucho filo a los bordes de la ley? En redes sociales suele acusarse que es negocio seguro insistir en repostular si se acierta apostando a la devolución contra los votos obtenidos. Pero no es llegar y clickear.
El Servel solo reembolsa los casi $ 1.200 (0,04UF para candidatos, 0,05UF para candidatas) por voto contra “facturas o boletas pendientes de pago” por “gastos que no hayan sido financiados por otro tipo de aportes, una vez aprobada la cuenta” (Ley 19.884, Art. 17).
Suculenta o no, la cifra resultante es el tope hasta el cual el Fisco repone lo que el candidato acredite que quedó debiendo. Lo que no, tendrá que salir de su bolsillo. Y siempre y cuando -basta una factura- el servicio no le haya rechazado la cuenta.
“Exige que sea contra gastos que efectivamente se realizaron, que debe financiar el candidato. No es algo que va a su bolsillo o que sea sueldo”, traduce el director de Espacio Público Eduardo Engel.
Al partir una campaña es usual calcular a la baja la votación posible para planificar gastos, o pedir, si se puede, un crédito que los costee. Si el Servel aprueba las rendiciones, ordenará pagar al banco directamente -la plata no pasa por el candidato- hasta donde alcance el reembolso. Eso se hace con un mandato que requiere demostrar que el crédito se gastó en la campaña.
“Es difícil para un candidato grande cobrar toda la devolución”, dice un campañero. A gran escala, asegura otro, no es regla que cubra un crédito. Es más común quedar endeudado, pero si además faltaron demasiados votos -como le pasó a la Evópoli Catalina Parot en la primera vuelta de gobernadores- el pasivo puede ser de cientos de millones. “La única manera de no ir a pérdida es tener muchos aportantes que hagan la campaña”, dice Jaraquemada.
Y no todo se rinde por pagar. En dos partidos explican que sí se suele hacer con imprentas, agencias de publicidad y asesorías de propaganda. Pero que al “recurso humano”, (brigadistas, transporte y otros) se le suele pagar de entrada con los ingresos por aportes. El Servel ha tardado 6 o más meses en aprobar rendiciones; las de la megaelección de mayo tienen para rato en manos de auditores contratados ex profeso.
Ya sabemos que no se pueden rendir cinturones, corbatas, boxers, calcetines y zapatos Hugo Boss ($580.400), como lo hizo Franco Parisi el 2014 y se lo rechazaron. Tuvo que retirar esas facturas para pelear la apelación en el Tricel y salvar $447 millones de reembolso, pero igual quedó debiendo al banco. A Marco Enríquez-Ominami, el otro candidato que reincide este año, le devolvieron algo más de $497 millones después que saneara objeciones, como $1.400.000 por peluquería y maquillaje.
Abultar costos en cualquier campaña -nunca con ítemes regulados, como avisos radiales y en prensa- arriesga problemas si se detectan precios fuera de rango en servicios o arriendos. Pero experimentados dicen que en intangibles como asesorías publicitarias, audiovisuales, o lo que implique “arte” (la idea de un buen eslógan) electoral eso sería más flexible. Pero que “no cualquiera se presta, por el riesgo reputacional”.
Más agresivo es tener un proveedor de extrema confianza dispuesto a facturar a última hora por más -de la nada- si al postulante le fue muy bien en la elección y le “sobran votos”, grafica una voz. “Eso es fraude”, tercia Jaraquemada.
“Siempre es posible que un candidato quiera apartarse de la ley, inflar gastos o coludirse con una empresa” cree Engel. Más le preocupa que se sepa quiénes son los avales de los créditos. Halla “muy positivo” que en julio el Servel ordenara a los candidatos informarlos (un aval podría no cobrar la deuda y cambio pedir favores, dice), pero que “debe haber seguimiento posterior de si el crédito se pagó; si no, sería financiamiento irregular”.
En la industria se habla también de la ‘pyme’: para acumular votos, un partido menor lleva muchos candidatos sujetos a servicios de una misma empresa vinculada (pero lejos de las sociedades a declarar).
De eso acusó Gino Lorenzini a sus examigos del Partido de la Gente (“quieren llevarse más de $2 mil millones”). Cuando sus dirigentes, voceros y Parisi hicieron un live (14 de agosto) para desmentirle, uno de ellos precisó que “lo único cierto” es que la directiva quiere financiar con el reembolso toda la campaña presidencial, parlamentaria y de cores -más de cien community managers, audiovisuales, productora de franja y agencia de medios para “500 candidatos”, dijo- porque “no tenemos un peso, no queremos deber favores políticos” y que “como no hay lucas” le pedirán al personal que “trabajen gratis 3, 4 meses” y “les pagamos después que nos devuelvan con los votos”. (La Tercera)
