La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, por 84 votos a favor, 34 en contra y 15 abstenciones, un proyecto de acuerdo que expresa su preocupación y rechazo a los decretos del Ministerio de Justicia que concedieron rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La declaración, impulsada por la bancada del Partido Comunista (PC), contó con el respaldo de parlamentarios de oposición, del Partido de la Gente (PDG) y de al menos diez diputados vinculados al oficialismo, lo que evidenció diferencias dentro de los partidos que respaldan al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La votación se produjo en medio de los cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya gestión enfrenta una eventual acusación constitucional y requerimientos ante organismos fiscalizadores por la dictación de los decretos.
Durante el debate, el diputado comunista Marcos Barraza cuestionó la actuación del secretario de Estado y sostuvo que el Gobierno no ha entregado explicaciones suficientes sobre los fundamentos jurídicos de las rebajas.
«¿Acaso estas víctimas no merecían que el ministro Rabat agotara todas las herramientas legales disponibles para evitar que sus agresores recuperaran anticipadamente la libertad?», planteó.
Barraza también afirmó que el Ministerio de Justicia modificó los criterios utilizados para resolver estas solicitudes y criticó que, dos semanas después de conocerse la controversia, todavía no se hayan divulgado íntegramente los antecedentes de los decretos.
Desde el oficialismo, el diputado republicano Cristián Araya rechazó los cuestionamientos y acusó a sectores de centroizquierda de utilizar el caso con fines políticos.
«Algunas de las cosas que están haciendo es para hacer show político», sostuvo el parlamentario, quien aseguró que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la Contraloría no prosperarán porque, a su juicio, el ministro no cometió ningún delito.
Uno de los aspectos más relevantes de la votación fue el respaldo de diputados de derecha a la declaración promovida por el PC, pese a que sus colectividades han manifestado posiciones diferentes frente a la eventual destitución de Rabat.
Entre quienes votaron favorablemente estuvieron Marlene Pérez, independiente de la bancada UDI, y Cristóbal Martínez, militante de esa colectividad.
También respaldaron el acuerdo los diputados de Renovación Nacional René Manuel García, Carlos Chandía, Juan Carlos Beltrán, Mauro González y Claudia Mora.
A ellos se sumaron Sara Concha, del Partido Cristiano; Tomás Kast y Jorge Guzmán, de Evópoli; además de Joanna Pérez, del movimiento Demócratas.
El apoyo de estos parlamentarios se produce en un escenario de tensiones entre La Moneda y algunos sectores oficialistas por el manejo político y jurídico de la controversia.
En particular, Renovación Nacional ha expresado reparos a la conducción gubernamental de la crisis, mientras que la Comisión Política de la UDI acordó rechazar institucionalmente la acusación constitucional anunciada por la oposición.
Aunque el proyecto de acuerdo constituye un pronunciamiento político de la Cámara y no tiene efectos directos sobre la vigencia de los decretos, su aprobación representa una señal de preocupación transversal respecto de las rebajas de condenas.
La votación tampoco permite anticipar automáticamente cómo se pronunciarán los diputados ante una eventual acusación constitucional, procedimiento que requiere una evaluación específica de las responsabilidades atribuidas al ministro.
Por ahora, el resultado aumenta la presión política sobre el Ministerio de Justicia y refuerza las exigencias para que el Ejecutivo explique los fundamentos de las decisiones cuestionadas. (NP-ChatGPT-La Tercera)
