La Sala de la Cámara de Diputados despachó este martes al Senado el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, una tramitación que ha sido particularmente compleja y que deberá ser ejecutada por la próxima administración.
La discusión en la Sala se dio luego de que la comisión especial mixta rechazara previamente casi la totalidad de las partidas. Aunque el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, logró reincorporar varios fondos, el trámite resultó cuesta arriba:
Se aprobaron 19 de las 33 partidas, lo que equivale al 58% del Presupuesto.
Se rechazaron 14 partidas, correspondientes a ministerios y organismos clave como: Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Gobiernos Regionales, Seguridad Pública, Tesoro Público, Segpres y Segegob.
Las partidas aprobadas incluyeron los presupuestos del Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría, Economía, Hacienda, Justicia, Defensa, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Trabajo, Vivienda y Urbanismo, Transportes, Desarrollo Social y Familia, Ministerio Público, Mujer y Equidad de Género, Culturas, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y Servel.
El ministro Grau manifestó optimismo pese a los rechazos, señalando que el debate en Sala representó un «cambio importante respecto de la Comisión Mixta».
«En vez de rechazar todo en bloque, la Cámara debatió una a una las partidas y aprobó el 58% del Presupuesto. Eso muestra que, cuando hay disposición al diálogo, se pueden ir construyendo acuerdos. Todavía quedan diferencias por resolver, pero estamos avanzando hacia una Ley de Presupuestos con responsabilidad social y responsabilidad fiscal, que es lo que el país necesita», concluyó Grau.
Se espera que la discusión del proyecto en el Senado inicie este viernes.
REBAJA DE SUELDOS A FUNCIONES CRÍTICAS
El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), implementó una rebaja de 3.650 millones de pesos en las «asignaciones de funciones críticas» para todos los ministerios y servicios públicos, incluyendo la Presidencia de la República, como una señal de austeridad y en respuesta a las exigencias de la oposición.
Las «asignaciones de funciones críticas» son una especie de sobresueldo legalizado creado durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, mediante la Ley N° 19.882 de 2003. Su objetivo fue formalizar y sanear las retribuciones adicionales e irregulares que anteriormente se entregaban a ciertas autoridades y sus colaboradores para complementar sus remuneraciones.
La creación de esta ley fue una respuesta directa a una serie de escándalos de financiamiento político irregular de la época, como los casos Coimas y Mop-Gate, lo que impulsó una agenda de probidad y transparencia. Desde 2003, se utilizan para mejorar las remuneraciones del personal político y de confianza de la administración gubernamental.
MENSAJE POLÍTICO
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), explicó que la reducción, que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026, tuvo una doble motivación:
Austeridad Inicial: La propuesta original del Ejecutivo ya contemplaba una disminución de estas asignaciones, pues «normalmente son los sueldos más altos», para dar una «señal clara al país respecto de las prioridades».
Aumento del Gasto Social: La medida fue impulsada a partir de una propuesta del oficialismo en la comisión mixta, que solicitó un esfuerzo mayor en el gasto social (como el programa Junaeb) y sugirió financiarlo con una reducción adicional de las funciones críticas. «Nosotros accedimos a esa propuesta», señaló Grau.
Este «repentino recorte» también fue interpretado por el oficialismo como un velado emplazamiento político a la oposición, especialmente a los partidarios del candidato presidencial José Antonio Kast (Republicano), instándolos a demostrar su compromiso con la austeridad.
En sintonía con la señal de austeridad, la bancada de diputados del Frente Amplio presentó una indicación adicional que buscaba que ningún asesor o funcionario público percibiera una remuneración superior a la del Presidente de la República.
La diputada Camila Rojas (FA) señaló que la restricción estaba dirigida a todos los órganos y servicios del Estado (excluyendo el Banco Central y empresas estatales) y le otorgaba a la Contraloría General de la República la atribución de fiscalizar el cumplimiento de la norma.
No obstante, esta indicación fue declarada inadmisible por la mesa de la Cámara. El oficialismo planea reponer la discusión en el Senado para emplazar nuevamente a los partidarios de Kast a comprometerse con medidas de austeridad. (NP-Gemini-Emol-La Tercera)
