La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analiza en primer trámite legislativo un proyecto que busca aumentar las sanciones por atentados contra la autoridad e incorporar como una falta sancionable las ofensas graves dirigidas a funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI).

La iniciativa forma parte de la discusión legislativa en materia de seguridad y tuvo su origen en una moción presentada por la diputada Ximena Ossandón (RN), junto con los parlamentarios Eduardo Durán, Mauro González y Diego Schalper, además de exlegisladores que participaron en el periodo parlamentario anterior.

De acuerdo con el texto de la propuesta, este tipo de conductas podría ser castigado con prisión en su grado máximo y una multa de entre una y cuatro unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes aproximadamente a montos que van desde los $71 mil hasta los $286 mil, siempre que los hechos no configuren un delito de mayor gravedad.

La propuesta generó diferencias durante su discusión en la Cámara. Desde la oposición se manifestó respaldo a la necesidad de proteger a los funcionarios policiales durante el ejercicio de sus labores, aunque se advirtió que el ordenamiento jurídico ya contempla disposiciones destinadas a cumplir ese objetivo.

Uno de los principales cuestionamientos se concentró en la definición de la conducta que se pretende sancionar. Parlamentarios opositores plantearon que conceptos como “ofender gravemente” podrían resultar demasiado amplios y dejar espacio para interpretaciones respecto de qué expresiones constituirían efectivamente una infracción.

La diputada Lorena Fries (FA) puso en duda los límites de la figura propuesta y planteó una serie de ejemplos sobre expresiones que podrían producirse durante procedimientos policiales o manifestaciones. La legisladora cuestionó si críticas a un procedimiento, acusaciones de represión o determinados insultos podrían terminar siendo considerados una ofensa grave bajo la nueva normativa.

Las dudas apuntan principalmente a la falta de criterios suficientemente delimitados para determinar cuándo una expresión pasa a constituir una infracción sancionable y quién deberá establecer la gravedad de la conducta.

Desde sectores favorables a la iniciativa, en tanto, se valoró el endurecimiento del marco sancionatorio y la posibilidad de que las ofensas graves contra funcionarios policiales tengan consecuencias que no se limiten únicamente al pago de una multa.

Durante el debate también se planteó que aumentar la protección legal de Carabineros y de la PDI no implica justificar eventuales excesos o actuaciones abusivas cometidas por funcionarios durante el ejercicio de sus labores.

El diputado Javier Olivares (PDG) defendió una mayor protección jurídica para las policías y sostuvo que contar con normas que establezcan consecuencias frente a insultos, agresiones o actos de desprecio hacia la función policial puede entregar mayor respaldo a los efectivos al momento de enfrentar situaciones delictivas.

La discusión de la iniciativa continuará durante la sesión de este martes en la Cámara, donde los parlamentarios deberán seguir analizando tanto el aumento de las sanciones como los alcances y límites de la nueva figura que se pretende incorporar. (NP-ChatGPT-Cooperativa)