Ayer la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó a Sala el reglamento que aplica un test de drogas a los legisladores, tras revisar las indicaciones en particular.
Es así, que este miércoles la Sala de la Cámara Baja sesionó para examinar en general la nuevas indicaciones presentadas el martes por la Comisión.
El examen se transformó en norma legal al quedar dentro de la Ley de Presupuestos de 2022, que se aprobó a finales del año pasado. Pero, para su implementación requiere de un reglamento específico que la Cámara debe establecer.
En detalle, la normativa busca elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, además de evitar delitos relativos al narcotráfico y cualquier relación de este flagelo con los parlamentarios.
Una de las dificultades que tuvo el proyecto para avanzar en la Cámara, se inició cuando el pasado 13 de junio, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), al comienzo de la sesión de la Cámara, solicitó votar el miércoles 15 del mismo mes en primer lugar de la tabla el reglamento que aplicaría un test de drogas a los miembros del Parlamento.
Sin embargo, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, no dio la unanimidad para que el tema pasara del tercer al primer puesto de la tabla.
Fue así, que recién el 28 de junio se votó en general en la Sala de la Cámara de Diputados presentando las indicaciones del reglamento que ayer fueron revisadas por la Comisión.
Mientras que en la Comisión se dilató la discusión el pasado 5 de julio cuando los parlamentarios no alcanzaron a discutir las indicaciones por falta de tiempo, lo mismo ocurrió al día siguiente cuando tampoco hubo unanimidad para ponerlo en tabla.
Entre las nuevas indicaciones aprobadas al reglamento por la Comisión y que hoy fueron ratificadas por la Sala, se acordó suprimir los incisos primero y segundo del artículo 11 por ser “inconstitucional”, el cual establecía que “el diputado cuyo examen arroje un resultado positivo deberá inhabilitarse de todas las votaciones relacionadas con la prevención y control de consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud sin la debida autorización, contempladas en la ley N° 20.000″.
Junto con eliminar que “el diputado que se niegue injustificadamente a realizarse el control, tendrá como sanción adicional la establecida en el inciso precedente”, es decir, con la inhabilitación.
Respecto al secreto bancario, también se aprobó el reemplazo el artículo 7 por los siguientes puntos: Todos los diputados de esta Cámara, independiente de la realización del test de drogas, deberán presentar una autorización de levantamiento de secreto bancario la que será enviada por escrito dentro de los 15 días siguientes al inicio de periodo legislativo, por el funcionario nombrado en virtud del artículo 6°, con el fin de transparentar sus fuentes de ingresos y gastos y así evitar la comisión del delitos relacionados con el narcotráfico, además de cualquier vínculo entre esta Cámara y las redes del narcotráfico que existen en el país.
Si el funcionario detectare movimientos que superen las 800 unidades de fomento, individualmente considerados o en su conjunto, durante el lapso de un mes, derivará los antecedentes a la comisión de Ética y Transparencia de esta Cámara, la cual solicitará al diputado en cuestión, la justificación del movimiento financiero.
El levantamiento del secreto bancario se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de los titulares, observando las prescripciones de la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal, o el texto que la reemplace.
Si la persona sorteada se negare injustificadamente a entregar la información requerida a la que hace referencia este artículo, será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, con las medidas que señala el artículo 347 del Reglamento de la Corporación y las accesorias que indica el artículo 348 del mismo estatuto interno”.
En tanto, uno de los puntos que generó bastante debate tiene relación con la indicación del diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien propuso intercalar en el artículo 1°, entre el vocablo “aleatorios” y la palabra “mediante”, la frase “cuyos resultados serán públicos”. Este fue rechazado ayer por la Comisión, sin embargo hoy se aprobó con 86 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones, por lo tanto, los resultados del test serán de carácter público.
En detalle, entre las indicaciones aprobadas el 28 de junio en la Sala y que no tuvieron modificaciones por la Comisión, ni en la Sala, se encuentran que semestralmente, diputados se someterán a un control obligatorio de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. El procedimiento de control comprenderá a todos los diputados, sin excepción, de manera aleatoria y semestral.
Se establece además, que cada legislador se deberá hacer el control, al menos, dos veces durante el periodo legislativo.
El test se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de las y los diputados, de acuerdo a la normativa sobre protección de los datos de carácter personal.
La información que arrojen los testeos será manejada en forma reservada por la Comisión de Ética y la secretaría de la Cámara y la difusión de la identidad de los involucrados no puede ser usada con fines políticos o periodísticos, salvo que sea autorizada por esa persona o su representante legal.
Durante la sesión, desde la oposición se manifestaron en contra a que los resultados de los exámenes no fueran de conocimiento público, modificación que ayer había sido rechazada, en ese sentido, el diputado Felipe Donoso (UDI), señaló que “debemos ser capaces de darle publicidad, de ser transparentes (…) ¿Por qué los diputados vamos a tener el privilegio de hacernos un examen de droga salir positivo y ocultarlo y que nadie sepa? eso no corresponde”, reparó.
Misma línea sostuvo el diputado republicano, Luis Sánchez, quien recriminó que ayer durante la votación en particular en la Comisión de Constitución se aprobaron, a su juicio, “indicaciones que nada tienen que ver con lo buscado que es transparentar la eventual dependencia de algunos miembros del congreso con drogas y el evidente financiamiento del narcotráfico”, y emplazó a sectores de “la izquierda”, que a su juicio, “quiere enredar el debate (….) eliminaron la publicidad del resultado y trataron de cambiar el test de pelo por uno de orina que significaría que el resultado mediría unos pocos días”.
Por último, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) resaltó que “cuando decidimos hacernos el test de drogas lo hacemos para algo, para que la gente sepa si su parlamentario por el que voto es o no es consumidor de drogas”. (La Tercera)
