La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó este martes la idea de legislar de la llamada “ley antiencapuchados”. La iniciativa busca multar a quienes oculten su rostro en contexto de alteraciones al orden público.
La propuesta fue presentada el pasado 23 de mayo por un grupo de diputados, tras de la muerte del guardia municipal Eduardo Lara. Esta fue aprobada con siete votos a favor, una abstención y un voto en contra, y deberá ser votada en particular. En el proyecto no se contempla agravantes penales contra los encapuchados.
En la sesión, en Valparaíso, la comisión contó con la participación de Hernán Libedinsky, miembro de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Nacional, quien valoró el proyecto al considerar que “puede transformarse en una herramienta eficaz para combatir la situación que se produce con los encapuchados. Esto trae asociado delitos contra la propiedad público privada y robos y, además, lo que ocurre en la práctica es que por el hecho de cubrirse el rostro se dificulta la identificación de las personas”, manifestó.
Libedinsky, además, destacó que el proyecto puede ayudar a solicitar el control de identidad a los encapuchados que estén en situación de flagrancia. Asimismo, sostuvo que esto le permitirá al Ministerio Público presentar pruebas más sólidas ante los jueces quienes “le exigen (a la fiscalía) las conductas determinadas y concretas de un hecho específico”.
El presidente de la instancia parlamentaria, Daniel Farcas (PPD), dijo que “tenemos la convicción de que a partir de hoy los encapuchados tienen los días contados en el país, pues si bien el derecho de reunión o manifestación es algo sagrado y muy importante, en ningún caso puede verse empañado por estos vándalos que concurren a las marchas”.
Al respecto la diputada UDI, Claudia Nogueira, una de las impulsoras del proyecto, expresó que “este proyecto lo que permite es que a quienes que se van a encapuchar puedan ser desvinculados de las manifestaciones y con eso asegurar el derecho de quienes quieran expresar sus ideas de forma pacífica”.
La iniciativa contempla una multa que va desde 1 a 4 UTM (entre $ 44.955 hasta $ 179.820) para las personas que sean sorprendidas cometiendo actos vandálicos, con el rostro cubierto, en flagrancia por parte de la policía.
El diputado socialista Leonardo Soto, quien se abstuvo en la votación, dijo que su argumento para no aprobar la idea de legislar radica en que se “plantea un objetivo que es terminar con los encapuchados en las marchas, y la verdad es que la manera con la que se quiere terminar es insuficiente e inútil. El proyecto busca colocar como una falta encapucharse y con ello aplicar una multa. Es bastante ingenuo creer que porque les van a aplicar una multa se van a acabar los hechos de violencia”.
En tanto, la diputada Marcela Sabat (RN) manifestó que lo que “estamos haciendo es fortalecer el derecho a la manifestación. Les estamos asegurando a los manifestantes su derecho a poder expresarse en forma tranquila, sin la presencia de delincuentes que provoquen destrozos y dejen sus demandas en segundo plano. Asimismo, le entregamos una herramienta de gran valor a Carabineros, para que puedan detener a sujetos que en el contexto de alteraciones al orden público”. (La Tercera)
