La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó, con 66 votos a favor, el informe de la comisión investigadora sobre la fallida adquisición del inmueble de la familia Allende en calle Guardia Vieja. El documento ratifica la existencia de “desprolijidades técnicas y jurídicas” en un proceso que desató una profunda crisis política a inicios de 2025. La controversia se originó al revelarse que las beneficiarias de la transacción eran la entonces ministra Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende, contraviniendo la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado.
El informe aprobado sostiene que la operación careció de procedimientos claros de tasación y documentación formal, calificando la gestión como una “grave improvisación institucional” en materia presupuestaria. Además, la comisión critica la falta de transparencia en la toma de decisiones al más alto nivel, señalando que la compra representaba un beneficio económico directo para la familia de las autoridades involucradas, lo que derivó en la renuncia de Fernández y la destitución de la entonces senadora Allende Bussi.
RESPONSABILIDAD PRESIDENCIAL Y ASESORÍAS
Uno de los puntos más críticos del documento apunta al rol del Presidente Gabriel Boric, desestimando su argumento de desconocimiento sobre los impedimentos constitucionales para la compra. La comisión calificó como “inaceptable” la respuesta por escrito del mandatario, considerando su investidura como Jefe de Estado. Asimismo, se acusó una marcada desprolijidad en la entrega de información por parte de sus asesores directos, lo que ha reabierto el debate sobre la gestión de los equipos técnicos en la sede de Gobierno.
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y CONTROL ADMINISTRATIVO
Ante las irregularidades detectadas, el informe propone regular formalmente el funcionamiento del “Segundo Piso” de La Moneda para evitar la opacidad en las asesorías presidenciales. Por otra parte, se solicitó dar urgencia a la reforma del Estatuto Administrativo, con el fin de asegurar que se puedan determinar responsabilidades legales incluso en funcionarios que hayan abandonado sus cargos. Estas medidas buscan establecer estándares más estrictos de probidad para evitar que conflictos de interés afecten el patrimonio fiscal en el futuro. (NP-Gemini-La Tercera)