La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por unanimidad el proyecto que fija el financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU), incluyendo el impuesto a los “súper ricos” presentado por legisladores de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad.

La iniciativa contó con el respaldo de 130 votos, que eran todos los presentes en ese momento en la Sala y dentro de la votación en general se incluyó esta indicación alzada por la oposición ya que nadie solicitó su revisión por separado.

Al conocerse el resultado el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda anunció reserva de constitucionalidad de parte del Gobierno, advirtiendo que podrán recurrir al Tribunal Constitucional.

“Establécese un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, cuyos patrimonios superen los cinco millones de dólares o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año calendario”, dice la indicación.

El proyecto pasa así a su segundo trámite en el Senado en donde también se encuentra el proyecto matriz que establece una PGU. Los senadores ya han manifestado su intención de que avancen por caminos paralelos o fusionarlos, eso en medio de las recomendaciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo de buscar nuevas fórmulas de financiamiento permanente.

CERDA DESTACA UNANIMIDAD

Cerda destacó que “nuevamente avanza el proyecto por unanimidad, lo que quiere decir que tenemos un muy buen proyecto que está avanzando. Todos tenemos el interés de pagar lo antes posible”.

Dicho eso, comentó que la reserva de constitucionalidad por “súper ricos” se basa en “varias razones”. En primer lugar, subrayó, “es una materia exclusiva del Presidente de la República y nosotros tenemos que preocuparnos por cuidar la institucionalidad”. “También nos preocupa, porque creemos que no recauda lo que le que se piensa”, añadió.

Con todo, sostuvo que “todavía queda debate parlamentario”, agregando que “eso significa que vamos a seguir conversando para poder despachar lo antes posible. Lo importante es que esta política se pueda despachar durante enero, para poder pagar en febrero“.

“Esperamos que lo que podamos hacer es dialogar y llegar a acuerdo y no tengamos que retrasarlo. Si esto lamentablemente sigue su curso, nos obliga a ir al TC solamente por un hecho de cuidar la institucionalidad. Hemos hecho todo lo posible por dialogar con distintos actores para que esto pueda avanzar, y vamos a seguir haciéndolo”, acotó el jefe de la billetera fiscal.

Por su parte, el ministro Segpres, Juan José Ossa, luego de valorar que se haya avanzando en el tema del financiamiento, deslizó una “pequeña reflexión” en relación al citado impuesto.

“La forma en que la oposición, la actual oposición, presentó una indicación que es inconstitucional y que saben que es inconstitucional, le va a pesar por los próximos cuatro años cuando sea gobierno”, dijo.

“No podrán decir, no podrán mirarnos a la cara, señalando que tienen la iniciativa exclusiva. Y quiero decir que fue el propio conglomerado del Presidente electo, los diputados de Apruebo Dignidad, quienes promovieron esa indicación. Yo creo que se está teniendo pan para hoy y hambre para mañana, así que los invito a ojalá modificar ese comportamiento”, resaltó.

Con todo, aseguró que antes de recurrir al TC, “vamos a esperar y vamos a ver cómo se avanza en el Senado”. “Tenemos confianza en que no solo el Senado va a considerar que se trata de un asunto inconstitucional, sino que los senadores van a tener la visión relativa a esta reflexión que yo hago. Cuando sean gobierno no les va a ser fácil haber tenido este comportamiento previo”, concluyó. (Emol)