La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece una regulación para los denominados deepfakes, contenidos digitales creados o modificados mediante inteligencia artificial que reproducen de manera realista la imagen, la voz o el cuerpo de una persona. La iniciativa recibió 128 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, y continuará su tramitación legislativa.

La propuesta busca proteger la integridad digital de las personas frente al uso malicioso de estas tecnologías, las que pueden ser utilizadas para cometer fraudes, extorsiones, campañas de desinformación o afectar la reputación de terceros. Además, establece responsabilidades para quienes elaboren o difundan este tipo de contenidos.

El proyecto reconoce el derecho de toda persona a que su imagen, voz o apariencia no sean utilizadas para generar representaciones digitales falsas que puedan inducir a engaño mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas.

Entre las medidas contempladas, se faculta a los tribunales para ordenar el retiro o bloqueo de contenidos como medida cautelar cuando exista riesgo de un daño irreparable. Asimismo, se establecen multas que fluctúan entre las 5.000 y las 10.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para quienes infrinjan la normativa.

Durante el debate, diversos parlamentarios señalaron que la regulación llega con retraso respecto de otras jurisdicciones, como la Unión Europea, donde ya existen normas destinadas a enfrentar los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial.

La diputada del Partido Comunista, Irací Hassler, sostuvo que las principales afectadas por la violencia digital son niñas, adolescentes y mujeres, afirmando que el avance de la inteligencia artificial ha facilitado nuevas formas de agresión y desinformación que requieren una respuesta del Estado.

En tanto, la diputada de la Democracia Cristiana, Priscilla Castillo, afirmó que la iniciativa no pretende limitar el desarrollo de la inteligencia artificial, sino establecer mecanismos de protección frente a su utilización indebida. A su juicio, el daño provocado por la difusión de contenidos falsos resulta difícil de reparar, incluso cuando posteriormente se aplican sanciones.

Durante la discusión también surgieron cuestionamientos respecto del rol que tendrían las plataformas digitales en la eliminación de contenidos. Algunos legisladores advirtieron que la regulación podría generar dudas sobre la libertad de expresión o afectar el desarrollo de aplicaciones legítimas basadas en inteligencia artificial.

El proyecto define los deepfakes como contenidos de imagen, audio o video que, mediante inteligencia artificial u otras tecnologías, modifican, recrean o sintetizan la identidad de una persona real con un alto grado de realismo, pudiendo inducir a error sobre sus acciones o declaraciones y afectar su honra. La definición también incluye contenidos previamente existentes que sean alterados con estas herramientas para producir los mismos efectos de engaño