La petición de renuncia de la superintendenta de Seguridad Social (Suseso) Pamela Gana marcó la primera caída de las cabezas de los tres organismos sometidos a sumario por Contraloría por el escándalo de los 25.078 funcionaros públicos que salieron de Chile entre 2023 y 2024, pese a estar con licencia médica.
- Su renuncia generó la interrogante de qué ocurrirá con los otros dos organismos sumariados. Estos eran el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). Por otro lado, alivió presiones parlamentarias pidiendo responsabilidades políticas.
- La petición de renuncia de Gana fue informada este lunes por el Ministerio del Trabajo, un mes después de que —tras el informe de Contraloría—, se conociera que la Suseso había suscrito en 2014 un convenio con la Policía de Investigaciones (PDI) que podría haber anticipado el caso.
- A esto se sumó otro informe de Contraloría que detectó, además, tratos directos para comprar equipos tecnológicos por $311.890.000 cuando debieron licitarse; demoras de hasta 14 meses en tramitar multas; 5.104 muertos con cuentas activas en la Suseso y falta de control a Fonasa.
- Estos tres factores sumaron críticas en la oposición y en el oficialismo hacia Gana, que responsabilizó a la PDI por el incumplimiento del convenio de 2014.
- Quiénes siguen en sus cargos son el director de Fonasa Camilo Cid y la directora de la Compin, Valeria Céspedes. Mientras el seguro público es supervigilado por la Superintendencia de Salud, la entidad encargada de gestionar las licencias depende de la cartera de Salud.
- Paralelamente al sumario de Contraloría, la fiscalía indaga los eventuales fraudes al fisco involucrados.
La crítica de la contralora. La contralora general de la República Dorothy Pérez asistió el 26 de mayo a la Comisión de Salud del Senado, donde apuntó a los tres organismos.
- “Este tipo de trabajo de cruce de base de datos es algo que ya se podría haber hecho desde los organismos que tienen labores de control dentro del aparato público, y no sólo esperar que venga el elemento de control externo”, dijo.
- El listado de presuntos fraudes de licencias que reveló Contraloría fue encabezado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra e incluyó también a Presidencia, a 14 ministerios, 24 subsecretarías, 16 gobiernos regionales y docenas de municipios y hospitales.
“Asumir su responsabilidad”. El Presidente Gabriel Boric marcó el criterio del gobierno para enfrentar el escándalo de las licencias en la cuenta pública del 1 de junio.
- En el Congreso en Valparaíso dijo que “toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave de la probidad es la destitución”.
- Tras la cuenta pública se conoció que el 28 de mayo había renunciado a su cargo en la Secretaría de Comunicaciones su cuñada Fiona Bonati, lo que el mandatario resaltó como la aplicación, de parte de ella, de un estándar mayor.
- Este criterio —que ya había adelantado por X y en vivo, a fines de mayo— no se había extendido hasta entonces a las autoridades que favorecieron la crisis.
Compin. En este marco es que este mes Compin pasó a la ofensiva y mostró cifras de fiscalización.
- Salud reveló que entre 2022 y 2024 un total de 1.470 médicos emitieron 30.870 licencias médicas cuando ellos mismos estaban con reposo por enfermedad.
- El caso se conoció luego de que Contraloría publicara que 250 médicos que presentaron licencias en el sector público entre 2023 y 2024, atendieron partos en clínicas privadas durante su reposo.
Fonasa. En una respuesta enviada por escrito, Fonasa dijo que desde 2022 han “detectado fraudes y, en coordinación con el Consejo de Defensa del Estado, entregado antecedentes claves al Ministerio Público”.
- “Uno de los casos más emblemáticos de esta labor conjunta es la investigación que involucra a una red de médicos extranjeros y a la denominada arista ‘Los Quilodrán’, la cual ha derivado en 36 personas imputadas, incluyendo 15 médicos condenados —tres de ellos expulsados del país— y 29 compradores investigados”.
- “Los líderes de la red se mantienen en prisión preventiva, en espera del juicio oral, donde el Ministerio Público solicita penas que superan los 20 años de cárcel”.
- “En paralelo, para fortalecer la gestión del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone transferir a Fonasa la función de contraloría médica”.
- “Con esta reforma, Fonasa estaría facultado para autorizar, modificar, rechazar, calcular y pagar los subsidios, permitiendo así cerrar el ciclo completo del financiamiento de las licencias médicas”. (Ex Ante)
