La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem mostró escasas variaciones en la evaluación ciudadana del Presidente José Antonio Kast durante la última semana de julio. El sondeo también evidenció un amplio consenso respecto de la aplicación obligatoria de test de drogas a autoridades y funcionarios públicos, así como sobre las consecuencias que debería tener un resultado positivo.

De acuerdo con los resultados del estudio, un 36% de los consultados aprueba la gestión del Mandatario, mientras que un 58% la desaprueba. Un 6% señaló no tener una opinión o prefirió no responder. Las cifras representan una variación de un punto porcentual respecto de la medición anterior, manteniendo prácticamente sin cambios la evaluación del Gobierno.

En materia de probidad y control de autoridades, la encuesta registró un respaldo casi unánime a la realización periódica de exámenes de detección de drogas. Un 98% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con que las autoridades del Estado se sometan regularmente a este tipo de controles, mientras que un 88% estima que la obligación debería extenderse a todos los funcionarios públicos.

Respecto de las consecuencias de un eventual resultado positivo, un 96% consideró que una autoridad debería perder su cargo si se acredita el consumo de drogas ilícitas. Sin embargo, las opiniones se dividen sobre el momento en que esa medida debiera aplicarse.

Según el sondeo, un 48% estima que la autoridad involucrada debe cesar inmediatamente en sus funciones tras un resultado positivo, mientras que un 40% considera que corresponde suspenderla de manera preventiva hasta verificar el examen mediante una segunda muestra. En tanto, un 11% cree que la persona debería permanecer en el cargo hasta que exista una confirmación definitiva del resultado.

La encuesta también consultó por el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien fue desvinculado de su cargo tras arrojar positivo en un test de drogas. Frente a un escenario en que posteriormente se demostrara un error de laboratorio, un 68% de los encuestados opinó que debería ser reincorporado a sus funciones.

Los resultados reflejan una alta valoración ciudadana de los mecanismos de control aplicados a las autoridades públicas, especialmente en materias relacionadas con la probidad, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de cargos de representación y administración del Estado.