El martes, el Tribunal Constitucional (TC), en fallo dividido, rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 54 diputados de la oposición quienes buscaban impugnar la norma referida a la educación no sexista, contenida en el proyecto de ley que busca erradicar la violencia contra la mujer.
En concreto, los parlamentarios de la UDI, RN, Republicanos, PDG y el Partido Social Cristiano, buscaban que se declarara inconstitucional la frase «los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista«.
La decisión del TC ha sido ampliamente debatida y en varios casos, criticada, en el mundo político, entre académicos y padres y apoderados.
Algunas voces celebran que se garantice una educación que no exponga a niños y niñas a situaciones que limiten su desarrollo, o que se trata de espaldarazo al compromiso del oficialismo para ir en contra de la violencia de género.
Para otros, la norma inhibe el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, mientras que otros apuntan a que hubo más bien una decisión con ribetes políticos más que centrados en los argumentos.
El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, es parte de aquellas voces que critican la decisión y cuestionan incluso más allá de lo que quedó en el papel.
En conversación con Emol, punta a un sector del oficialismo que «sigue impulsando los ideales» de la fallida ex Convención Constitucional, y se suma a las interpretaciones más políticas del actual del TC en este caso.
«Pareciera irse consolidando un bloque de ministros derechamente alineado con las políticas del Gobierno», subraya.
-¿Qué señal ves tras la decisión del TC de rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad por la educación ‘no sexista’ que hizo la oposición?
— Se trata de una señal inquietante, por dos motivos al menos. Primero, mirando el fondo del asunto, la decisión desconoce una garantía fundamental básica y protegida explícitamente en la Constitución vigente: el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Y, segundo, desde el punto de vista político, resulta lamentable el hecho de que, ante casos controvertidos, pareciera irse consolidando un bloque de ministros derechamente alineado con las políticas del Gobierno. Lo propio de un buen juez constitucional es ser leal con la Constitución, no con el dirigente o sector político que lo designó. Y quienes reclamaban contra la «tercera cámara» deberían ser los primeros en recordarlo.
-El fallo del TC -seis votos contra cuatro- según tu análisis, ¿avaló a quienes ignoran o desestiman este derecho de los padres? ¿es una decisión más política que en base a los argumentos de los abogados?
— Hay que revisar íntegramente el fallo para examinar los argumentos involucrados y así dar una opinión definitiva. Pero si así fuera, si finalmente se vuelve evidente que se trata de una decisión eminentemente política, los ministros que dieron la mayoría estarían faltando a su deber de respetar la Constitución cuya vigencia deben garantizar. Y esto, más allá del caso puntual, ciertamente atentaría contra el bien del TC. Una de las cosas que más ha dañado el prestigio de este órgano es la falta de independencia política de determinados ministros del TC.
-A tu juicio, ¿cómo el implementar una educación no sexista anularía el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos?
— La norma cuestionada obliga a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado -todos, sin distinción- a promover una «educación no sexista». Y basta indagar someramente sobre esta expresión para advertir que ella recoge una visión controvertida y cada vez más disputada de la sexualidad, en virtud de la cual el sexo y el genero se encuentran radicalmente separados. Lo lógico, dado el carácter disputado de estos temas, es favorecer la más amplia libertad de educación, pensamiento e investigación al respecto. Propiciar un debate abierto y, sobre todo, que cada familia pueda educar y aproximarse a estos temas conforme mejor le parezca. Contra esto, sin embargo, atenta la norma en cuestión.
-En redes sociales expresaste que «en diciembre se hacían gárgaras con la Constitución vigente, pero lo cierto es que hay un mundo político que sigue impulsando los ideales de la fallida Convención».¿Qué tipos de ideales son esos?
— Este caso recuerda la profunda hostilidad de la fallida Convención respecto de la educación particular, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Vale la pena recordar que dicha Convención ni siquiera fue capaz de mencionar ese derecho elemental. Pero, más en general, todo indica que al menos en el PC y en una parte del Frente Amplio se sigue creyendo, parafraseando a la ex Presidenta Bachelet, que el proyecto de la Convención quizá no era perfecto, pero se acerca a lo que siempre soñaron. Fue más fácil culpar a las fake news y otras excusas de esa índole, que formular la indispensable autocrítica.
-¿Te parece que el Gobierno y en general, el oficialismo, no ha podido entonces superar el fracaso de los dos procesos constitucionales? ¿cómo se expresaría eso en la práctica? ¿en qué otros casos recientes has visto este tipo de expresiones?
— Sin ir más lejos, hace un par de días la diputada (Maite) Orsini dijo en TVN que para ella el proceso constituyente seguía abierto y que anhela su reapertura en el próximo Gobierno. ¿Cuántos otros diputados del mundo de Apruebo Dignidad piensan similar? ¿Cuántos ministros? ¿Y el presidente Boric? Son preguntas que exigen ser formuladas con todo el rigor del caso. (Emol)
