La controversia generada por el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, instaló en el debate público la aplicación de exámenes de drogas a las autoridades y los protocolos que deben seguirse ante resultados positivos. El exsubsecretario dejó su cargo el 23 de julio luego de que un test realizado en junio arrojara un resultado positivo, aunque en ese momento aún estaba pendiente el análisis de la contramuestra.

El Gobierno señaló inicialmente que, si la contramuestra descartaba el consumo de drogas, existía la posibilidad de que Rodríguez regresara a sus funciones. Sin embargo, el laboratorio Corthon Health Limitada informó posteriormente que un nuevo procedimiento aplicado a la muestra original confirmó el resultado positivo obtenido previamente.

En respuesta, el exsubsecretario presentó sucesivamente tres exámenes realizados en distintos centros médicos, entre ellos el Laboratorio UC, todos con resultados negativos. Rodríguez afirmó que su propósito ha sido resguardar su reputación y su honra, evitando pronunciarse sobre una eventual reincorporación al Ejecutivo.

En medio de la controversia, una encuesta de Black & White evidenció un amplio respaldo ciudadano a la realización obligatoria de test de drogas para las autoridades. El sondeo mostró que el 95% de los consultados considera que estos exámenes deberían exigirse de manera obligatoria, con los mayores niveles de apoyo para parlamentarios (99%), ministros y subsecretarios (98%), integrantes del Poder Judicial (97%) y el Presidente de la República (96%).

Respecto de la salida del exsubsecretario, el 50% estimó que debió haber sido suspendido mientras se conocían los resultados de la contramuestra, un 39% respaldó su salida inmediata del Gobierno y un 11% opinó que debió permanecer en el cargo hasta contar con todos los antecedentes. Además, el 61% manifestó que, si se comprueba que Rodríguez no consumió drogas, debería ser restituido en su mismo puesto.

El estudio también abordó la evaluación del Gobierno. Un 30% de los encuestados aprobó la forma en que el Presidente José Antonio Kast conduce su administración, cifra que representa una baja de seis puntos porcentuales respecto de la medición anterior. En materia de seguridad, un 28% respaldó la gestión del Ejecutivo frente a la delincuencia, también con una disminución de tres puntos.

Entre las principales preocupaciones de la ciudadanía continúan predominando la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico, mencionadas por el 65% de los consultados entre sus dos principales problemas. La economía ocupó el segundo lugar, con un 57% de las preferencias. (NP-ChatGPT-Emol)