Una nueva encuesta semanal de Black & White abordó la controversia generada por la participación de las organizaciones chilenas Ecoceanos y Libera ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), instancia en la que expusieron antecedentes sobre presuntos casos de trabajo forzado en sectores productivos como la agricultura y la salmonicultura. La presentación se realizó en el contexto de la investigación arancelaria impulsada por Washington, que incluyó a Chile junto a otras 59 economías.

Posteriormente, Estados Unidos resolvió aumentar del 10% al 12,5% el arancel aplicado a la canasta exportadora chilena. La intervención de ambas ONG provocó críticas desde el Congreso y el sector exportador, donde algunos parlamentarios solicitaron conocer el origen de su financiamiento y representantes de la industria cuestionaron la actuación de las organizaciones por considerarla perjudicial para los intereses del país.

La directora de Libera, Carolina Rudnick, sostuvo que la organización no solicitó la aplicación de aranceles contra Chile, sino que propuso un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la protección de los derechos laborales. Sin embargo, antecedentes difundidos por El Mercurio indican que la presentación enviada al USTR planteó que una eventual reducción o eliminación de aranceles quedara condicionada al cumplimiento gradual de dichas medidas por parte del Estado chileno.

De acuerdo con los resultados del sondeo, el 49% de los consultados considera que las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol relevante en el debate sobre políticas públicas. Esta percepción es más alta entre mujeres, personas de mayores ingresos y jóvenes de entre 18 y 34 años.

Pese a ese reconocimiento, el estudio evidenció un bajo nivel de confianza hacia estas organizaciones. Un 53% de los encuestados afirmó tener poca o ninguna confianza en las ONG, percepción que aumenta entre hombres, personas mayores de 35 años y quienes pertenecen al segmento socioeconómico C2.

La investigación también mostró un respaldo prácticamente unánime a la transparencia financiera de estas entidades. El 99% de los participantes manifestó estar de acuerdo con que las ONG deban informar por ley el origen de su financiamiento, con resultados similares en todos los grupos analizados.

Asimismo, un 59% estimó que, en términos generales, las intenciones declaradas por las ONG no coinciden con los objetivos que persiguen en la práctica. Esta opinión fue más frecuente entre hombres, personas de los segmentos C2 y D-E, y encuestados de entre 35 y 54 años.

La directora de Black & White, Paola Assael, señaló que los resultados reflejan que la ciudadanía reconoce la importancia de las ONG en la discusión pública, aunque también percibe la necesidad de avanzar en mecanismos legales que fortalezcan la transparencia y la confianza hacia estas organizaciones.

En el ámbito político, la encuesta indicó que un 36% aprueba la forma en que el presidente José Antonio Kast está conduciendo su administración, cifra que representa un aumento de tres puntos porcentuales respecto de la medición anterior. El respaldo es mayor entre personas de mayor edad y en el segmento socioeconómico D-E.

Respecto de las principales preocupaciones ciudadanas, la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico fueron mencionados por el 64% de los encuestados como el principal o segundo problema más importante del país. La economía ocupó el segundo lugar con un 57%.

Finalmente, el estudio mostró que un 31% aprueba la forma en que el Gobierno enfrenta la delincuencia, resultado que representa un incremento de cinco puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior.