La mayoría de los consultados por una encuesta de opinión manifestó su respaldo a que la Tesorería General de la República (TGR) embargue las cuentas bancarias de quienes mantienen deudas por el Crédito con Aval del Estado (CAE), en el marco del plan de recuperación de recursos fiscales impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.
La TGR ha ejecutado medidas de cobro que incluyen el embargo de cuentas corrientes y bienes raíces contra personas que no regularizaron sus obligaciones luego de los procesos de notificación y cobranza. La institución informó que más de 550 mil personas presentan deudas asociadas al CAE, lo que ha obligado al Estado a cubrir esos compromisos ante las entidades bancarias, acumulando una acreencia superior a los $4 billones.
El tesorero general, Hernán Nobizelli, indicó que durante este año más de 32 mil deudores han suscrito convenios de pago ajustados a su situación económica, mientras que hasta esta semana más de 1.500 personas han sido objeto de embargos por incumplimiento.
En el ámbito político, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reafirmó la continuidad de las acciones de cobro, señalando que las obligaciones financieras deben ser cumplidas y que el Ejecutivo mantendrá las gestiones para recuperar los recursos fiscales.
Paralelamente, el debate sobre el levantamiento administrativo del secreto bancario volvió a instalarse en el Congreso tras la Operación Tokio, procedimiento que permitió la captura de 17 integrantes de una red vinculada al Tren de Aragua dedicada a la extorsión y al lavado de activos. La falta de consenso en el Senado derivó en la conformación de una comisión mixta para abordar la iniciativa.
Según la encuesta Black & White, un 55% de los consultados está de acuerdo con que la TGR embargue las cuentas bancarias de los deudores del CAE. De ese grupo, un 24% respalda la medida sin restricciones, mientras que un 31% la apoya únicamente para personas con ingresos superiores a $3 millones mensuales.
En contraste, un 45% se manifestó en contra de los embargos y considera que deben implementarse mecanismos alternativos de cobro, postura que concentra un mayor respaldo entre los segmentos socioeconómicos D-E y las personas menores de 35 años. (NP-ChatGPT-Emol)