“¿Lo estoy tramitando demasiado? Ese reclamo lo presenta por escrito, legalizado y en doble copia”. Es fácil caricaturizar, como en este chiste, la tarea del Estado. Pero sin burocracia, no hay democracia, y tampoco desarrollo económico. Porque en una economía moderna, gobernar desde un escritorio es inevitable, tanto como lo es la “mano invisible” para crecer más.
El desafío es utilizar esa burocracia para garantizar un equilibrio beneficioso entre los intereses económicos privados y la cosa pública. En Chile, este propósito requiere un cambio estructural en la forma de administrar el Estado, haciéndolo más eficiente y cercano en su interacción con los ciudadanos y las empresas.
A comienzos de este gobierno, el Presidente Piñera le mandató a la Comisión Nacional de Productividad (CNP), en coordinación con el trabajo que están realizando las oficinas GPS y OPEN del Ministerio de Economía, analizar los permisos para ejecutar proyectos en los sectores minero, energético, industrial, infraestructura e inmobiliario. Se busca perfeccionar la institucionalidad, de modo de facilitar el inicio de inversiones necesarias para el crecimiento de largo plazo. Pero no se trata de reducir las exigencias normativas. De hecho, los países avanzados no lo son por tener menos regulaciones, tampoco por tener más; lo son por tener mejores regulaciones. Canadá, Australia y Nueva Zelandia, entre otras naciones ricas en recursos naturales, han demostrado que es posible asumir grandes proyectos de inversión resguardando adecuadamente sus ecosistemas y el bienestar de su población.
Una revisión exhaustiva de los trámites exigidos en los cinco sectores mencionados permitió identificar 400 permisos únicos, que son entregados por 53 entidades. Los problemas encontrados son de dos tipos: ineficiencia e incerteza.
La falta de eficiencia está asociada, ante todo, con una duración excesiva del tiempo necesario para conseguir una eventual aprobación. Esta se explica por una mala gestión de los servicios —por ejemplo, por ausencia de digitalización de los procesos—. Además, se detectó que había normativa confusa o, sencillamente, inexistente. En efecto, 225 de los 400 permisos no tienen plazos definidos. En esos casos se asume un plazo supletorio de seis meses, que en promedio supera al que tienen las tramitaciones debidamente normadas. Y los que tienen plazos asociados, no se respetan, con demoras de hasta ocho veces el tiempo máximo establecido.
La baja certeza, por su parte, alude a la falta de previsibilidad de los criterios para la aprobación de los permisos, la poca claridad respecto de las vías para impugnarlos y el que pueden ser revocados una vez implementados, incluso cuando se han tramitado en apego a la norma.
Una política para enfrentar ambos problemas consiste en permitir la trazabilidad completa del proceso regulatorio por parte del inversionista. Si fueran conocidos los tiempos que toma cada definición de la autoridad, esta tendría el incentivo a no retrasar en exceso sus tareas, y los interesados podrían estimar de mejor manera los plazos esperados para conocer las resoluciones.
Sin embargo, ninguno de los servicios públicos analizados por la CNP cuenta con un flujo de procesos actualizado de las actividades que lleva a cabo al evaluar la autorización de sus permisos. Esto impide jerarquizar las causas detrás del tiempo excesivo de tramitación.
Así, resulta necesario identificar las rutas críticas en cada proceso y los recursos, humanos y materiales, requeridos, y asignar plazos reales de tramitación, convirtiéndolos en un indicador monitoreable que permita incorporar incentivos para controlar su cumplimiento. Y para evitar un diagnóstico parcial, estas tareas deberían ser supervisadas, apoyadas y validadas por una unidad de carácter permanente ubicada en el centro del Gobierno.
Esta mejora institucional sería un paso sustancial para avanzar hacia un Estado que, salvaguardando el interés público, no sea un obstáculo para el emprendimiento ni la inversión.
El Mercurio
