En el marco del seminario «¿Asamblea Constituyente, Reforma Constitucional o Proceso Constituyente?», organizado por la Universidad del Desarrollo, el ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió al proceso constituyente que impulsa el Gobierno.
El 21 de julio, el secretario de Estado había señalado que lo más probable es que la nueva Constitución sería vista por un «próximo Parlamento» y, junto con señalar que deberá ser ajustada con base en el reglamento actual, sostuvo que «la Presidenta Michelle Bachelet no va a estar para un atajo raro».
Si los dichos de Burgos fueron respaldados en esa oportunidad por buena parte de los partidos de la Nueva Mayoría, además de ser valorado por el mundo empresarial, ahora el secretario de Estado realizó un diagnóstico más completo de las debilidades y fortalezas de la actual Constitución, además de los principales aspectos que, a su juicio, deben ser cambiados en el llamado proceso constituyente que anunció la Presidenta Bachelet para septiembre próximo.
El panel congregó a expertos constitucionales, como los abogados Jorge Correa Sutil, Arturo Fermandois, José Manuel Díaz de Valdés y Francisco Zúñiga (ver frases).
En su intervención, el ministro partió marcando una definición: «La Constitución vigente ha sido una Constitución eficaz. En la historia de Chile solo dos de sus predecesoras pueden predicar su plena vigencia en 25 años. Durante este período, la Constitución puede exhibir haber impuesto un orden y resolver los problemas dentro de una institucionalidad en paz, con vigencia en Estado de Derecho».
Cambio institucional
El secretario de Estado continuó su exposición explicando que pese a los beneficios que ha reportado la actual Carta Fundamental, su problema pasa porque «carece del aprecio que las constituciones necesitan para continuar asegurando que resolveremos los conflictos conforme a ellas».
La prudencia para llevar a cabo un proceso constituyente y la necesidad de que sea «la casa y obra de todos» fueron dos conceptos que volvió a acuñar el jefe de gabinete, junto con colocar el acento en que el proceso se realice de manera institucional y a través del Congreso. Se trata de un concepto que ha generado cuestionamientos por parte de dirigentes del PC y partidarios de la llamada asamblea constituyente.
«He dicho que cualquier cambio constitucional pasa por hacerlo dentro de las reglas; a eso nos comprometimos en el programa, a hacerlo institucionalmente, y he dicho que eso pasa por el Congreso Nacional. El Congreso podrá elaborar por sí mismo una nueva Constitución o delegar ese proceso en una asamblea constituyente o en una convención constituyente como últimamente se ha propuesto. No veo en eso grandes diferencias. Pero quien lo haga debe tener un mandato legítimo y un mandato claro», expresó.
Burgos reiteró la idea de evitar los atajos «que se sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan». «¿Quién sino el Congreso Nacional y la Presidenta podrían fijar esas reglas del proceso constituyente en su etapa vinculante? Si alguien piensa que eso puede resolverse en un decreto, piensa en un atajo. Si hoy tenemos una Constitución cuestionada, la que pudiera surgir de la asamblea sin reglas, si no se quiebra antes de producir un texto, sufrirá más ataques de legitimidad que la que tenemos», continuó señalando.
DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Burgos se mostró convencido de que, convocada a deliberar, la ciudadanía continuará protegiendo la propiedad privada; el régimen de libertades; y exigirá igualdad política para asegurar igualdad de oportunidades. En contraste, mostró preocupación por revertir el proceso de falta de «legitimidad» que se ha instalado sobre las instituciones.
Fue en este contexto en el que indicó que «una Constitución no está llamada a constituir programas de gobierno. No está para defender a los neoliberales de los socialdemócratas ni a los socioaldemócratas de las políticas neoliberales».
Para Burgos, uno de los principales desafíos pasa por mejorar las leyes de corte político, como las electorales y la del financiamiento de los partidos. Más tarde concluyó que «el goce de los derechos económicos, sociales y culturales es un debate en curso en Chile, pero su garantía depende mucho más de leyes y reglamentos que de grandes declaraciones constitucionales. La arquitectura del poder, en cambio, no puede encontrar su fundamento en otra parte, y son las relaciones de poder las que vienen presentando problemas en Chile».
