La decisión de Brasil de mantenerse al margen del Escudo de las Américas abrió un nuevo frente de diferencias con Estados Unidos en materia de seguridad regional, luego de que los países integrantes de la iniciativa respaldaran una estrategia para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales y avanzar en su clasificación como grupos narcoterroristas.

La posición brasileña adquirió especial relevancia debido a que entre las organizaciones mencionadas se encuentran el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos de las principales estructuras criminales originadas en Brasil.

Medios brasileños como Folha de S.Paulo, Gazeta do Povo y Poder360 destacaron la ausencia del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en la iniciativa promovida por la administración de Donald Trump. Folha sostuvo, citando fuentes diplomáticas, que Brasilia fue sorprendida por la declaración difundida durante la Asamblea General de Naciones Unidas y que posteriormente comenzó a evaluar sus alcances.

Los países participantes respaldaron una declaración destinada a profundizar la cooperación frente al crimen organizado transnacional y apoyar sanciones contra organizaciones designadas por Estados Unidos como narcoterroristas. La caracterización de estos grupos como organizaciones terroristas constituye precisamente uno de los principales puntos de diferencia entre Washington y Brasilia.

El gobierno de Lula ha rechazado equiparar jurídicamente a organizaciones como el PCC y el Comando Vermelho con grupos terroristas. La posición brasileña sostiene que esas estructuras deben ser combatidas mediante la legislación contra el crimen organizado y las herramientas policiales, judiciales y financieras disponibles en el país.

Lula ya había defendido públicamente esa postura meses antes. En mayo sostuvo que corresponde a las instituciones brasileñas determinar cómo se clasifican y enfrentan las organizaciones criminales que operan en su territorio, al mismo tiempo que rechazó cualquier intervención extranjera en esa materia.

“La soberanía nacional es innegociable. Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos”, señaló entonces el Palacio de Planalto, en una declaración que enfatizó que la clasificación jurídica del crimen en Brasil corresponde a las instituciones y leyes del país.

La discusión volvió a instalarse durante la Asamblea General de Naciones Unidas. En su intervención, Lula defendió la cooperación internacional para combatir los flujos financieros y de armas asociados al crimen organizado, pero rechazó que ese objetivo implique intervenciones militares extranjeras.

“No necesitamos portaaviones que vigilen nuestras aguas. Necesitamos cooperación para detener el flujo de armas y dinero que alimenta el crimen”, afirmó el mandatario brasileño.

Lula destacó además las operaciones realizadas por Brasil contra organizaciones criminales y sostuvo que la legislación interna contempla herramientas específicas y penas elevadas para perseguir estas estructuras.

Trump, por su parte, defendió ante Naciones Unidas una estrategia más amplia contra los carteles y organizaciones vinculadas al narcotráfico. El mandatario estadounidense ha promovido su clasificación como organizaciones terroristas extranjeras y ha planteado que representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio.

Durante su intervención, Trump llamó a los integrantes del Escudo de las Américas a reconocer como amenazas comunes a las organizaciones criminales designadas por Washington y a adoptar sanciones contra ellas.

La declaración también contempla la intención de solicitar una reunión de consulta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), según informaron medios brasileños. El objetivo sería discutir mecanismos de acción colectiva frente a organizaciones consideradas narcoterroristas.

Las referencias al TIAR han generado interrogantes respecto del alcance de la cooperación contemplada por la alianza. Los gobiernos participantes han entregado interpretaciones distintas sobre las medidas que podrían derivarse del acuerdo. En el caso de Chile, por ejemplo, el Ejecutivo ha sostenido que su adhesión no supone comprometer automáticamente a las Fuerzas Armadas y que cualquier acción deberá respetar la legislación y la soberanía nacional.

La prensa brasileña también ha vinculado el episodio con las tensiones existentes entre Brasilia y Washington. Algunas publicaciones han interpretado la composición política del bloque como una señal de alineamiento de varios gobiernos regionales con la administración Trump. Esa caracterización corresponde al análisis de dichos medios y no modifica, por sí misma, los compromisos jurídicos específicos asumidos por cada Estado.

Para Brasil, el punto central continúa siendo la distinción entre cooperación internacional contra el crimen organizado y la posibilidad de que otros países intervengan en decisiones de seguridad interna. Lula ha defendido la primera alternativa y rechazado la segunda.

La controversia también expone diferencias respecto de la estrategia regional para enfrentar organizaciones como el PCC y el Comando Vermelho. Mientras Estados Unidos impulsa su tratamiento dentro de un marco asociado al terrorismo y busca ampliar la coordinación hemisférica, Brasil sostiene que la respuesta debe permanecer fundamentalmente dentro del ámbito del combate al crimen organizado.

El alcance concreto del Escudo de las Américas dependerá de los acuerdos que adopten sus integrantes y de cómo cada país implemente los compromisos conforme a su legislación interna. En ese escenario, la ausencia de Brasil —la mayor economía y el país más poblado de América Latina— representa una diferencia relevante dentro del debate regional sobre la estrategia para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Fuente base: antecedentes atribuidos a Folha de S.Paulo, Gazeta do Povo, Poder360, G1 y CNN Brasil en el texto proporcionado. No fue posible realizar una verificación independiente en línea de esos antecedentes. (NPChatGPT-La Tercera-Agencias)