En una ceremonia cargada de simbolismo realizada en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, marcando el último evento de este tipo bajo la actual administración. El mandatario centró su intervención en la organización histórica de las mujeres y en el impacto de las políticas de género implementadas durante su gestión, haciendo un llamado directo a los hombres a cuestionar sus privilegios y a romper el silencio frente a la discriminación y el abuso.

Durante el balance de gestión, se destacaron hitos legislativos como la Ley de Responsabilidad Parentales y Pago de Pensiones de Alimentos (conocida como “Papito Corazón”), la Ley Antonia y la Ley de Reparación para Víctimas de Femicidio. Además, el Ejecutivo relevó la modificación al reglamento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, medida que busca garantizar el acceso a este derecho en regiones, evitando traslados forzosos a la capital ante casos de objeción de conciencia en servicios locales.

La ministra Orellana detalló avances sectoriales que incluyen el aumento del 30% en fondos de riego para mujeres rurales, el impacto del Copago Cero en Fonasa y la apertura de todas las especialidades de las Fuerzas Armadas para mujeres. En materia de seguridad, la secretaria de Estado enfatizó la tipificación de delitos como el envío de imágenes sin consentimiento y la ampliación de los plazos para denunciar delitos sexuales, desestimando las críticas sobre supuestas denuncias falsas y calificando la prescripción de causas como una falla del sistema judicial hacia las víctimas.

En un gesto de continuidad política, el Presidente Boric reconoció el legado de figuras como Elena Caffarena y Michelle Bachelet, manifestando el apoyo explícito del Gobierno a la nominación de la exmandataria como Secretaria General de la ONU. El acto concluyó con un llamado a garantizar la permanencia de estas políticas públicas, subrayando que la equidad de género es una tarea de Estado que requiere el compromiso activo de toda la sociedad para evitar retrocesos en los derechos conquistados. (NP-Gemini-La Tercera)