A pocos días del término de su mandato, el Presidente Gabriel Boric enfrenta una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el incumplimiento del fallo “Vega González y otros versus Chile”. Las víctimas y su defensa, representada por la abogada Karinna Fernández, acusan al mandatario de negarse a encabezar el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ordenado por el tribunal, el cual debía realizarse a más tardar en septiembre de 2025. Según los denunciantes, el Ejecutivo pretendía derivar la ceremonia al Ministerio de Relaciones Exteriores sin la presencia de la máxima autoridad, lo que restaría la solemnidad y jerarquía exigidas por la sentencia para reparar las décadas de impunidad generadas por la aplicación de beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad.

La controversia se agudiza al contrastar esta decisión con otras actuaciones recientes de la Presidencia. En el escrito presentado ante la Corte IDH, se califica la ausencia de Boric como un acto de “discriminación y revictimización”, señalando que el Mandatario sí participó personalmente en reparaciones simbólicas previas, como en el caso de la profesora Sandra Pavez o la deuda histórica de los profesores. Además, las víctimas denuncian una contradicción ética, pues mientras se declina el acto de perdón público por crímenes de la dictadura alegando problemas de agenda, el Presidente ha priorizado encabezar ceremonias de condecoración y reconocimiento a las Fuerzas Armadas en sus últimas jornadas en el cargo.

Desde la Cancillería han defendido la postura gubernamental argumentando que el fallo no especifica la presencia obligatoria del jefe de Estado y que se ofreció la representación de un ministro, opción que fue rechazada por los familiares. Sin embargo, para la defensa, la omisión presidencial debilita el mensaje de condena absoluta a las violaciones de los derechos humanos y desvirtúa el potencial preventivo de la sentencia internacional. Ahora, será el órgano interamericano el encargado de declarar si el Estado de Chile incurrió en un desacato de las medidas de reparación integral estipuladas en el histórico fallo que obligó a la Corte Suprema a aumentar penas por delitos de lesa humanidad. (NP-Gemini-La Tercera)