Estamos acostumbrados a echarle la culpa al empedrado y a no buscar los responsables. Apuntan al Gobierno, al Socialismo Democrático, al Frente Amplio y al Partido Comunista de fraguar la trampa de tratar de desincentivar el voto obligatorio, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, eliminando la sanción por no sufragar. Se inició como una maniobra descarada de los diputados de izquierda, que en la Cámara votaron en bloque por eliminar la multa.
Pero después de un titubeo se sumó La Moneda a la trampa. Midió la temperatura para restringir la sanción por no votar sólo a los extranjeros, quienes pesan cada vez más en el padrón electoral. Suman cerca de 700 mil y en la capital representarían un tercio de los inscritos (El Mercurio 22 de julio), amenazando la reelección de los comunistas y frenteamplistas en comunas como Santiago.
Pero hacer esa discriminación entre electores chilenos y extranjeros dejaba al Gobierno en abierta contradicción con su propio proyecto, presentado en octubre, para regular el voto obligatorio, donde estableció sanciones por igual, considerándolos a todos como “electores”. Qué decir de cómo quedaba la ministra más importante, Carolina Tohá, de Interior, que fue tajante después que la Cámara el 1 de julio eliminara la sanción por no votar, advirtiendo que “vamos a ocupar los mecanismos que nos da la legislación, incluido el veto, para que el voto obligatorio quede con multa, porque los chilenos no aceptarían la hipocresía de un voto obligatorio sin ningún tipo de sanción, sería contarnos cuentos”.
A pesar de las contundentes declaraciones de Tohá, días después el Ejecutivo se suma a la “hipocresía” y el ministro Segpres Álvaro Elizalde anuncia el veto, pero no para restablecer la multa por no votar y devolverle así la obligatoriedad, sino que para anunciar que no se sancionaría a los extranjeros si no cumplían con su deber cívico, lo que es una forma de alentarlos a no sufragar. A los mismos que lucharon por no restringir la libre llegada de cualquier inmigrante, y que incluso buscaron que el Tribunal Constitucional declarara que era inconstitucional condicionar el acceso a subsidios a la permanencia de un tiempo en Chile, se les ocurrió ahora que hay que discriminar ente los chilenos y los extranjeros cuando se trata de elegir representantes políticos a nivel local (alcaldes).
Cómo no hay límites para los jugadores tramposos, defendieron la arbitrariedad con argumentos como que las “personas migrantes o extranjeras no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades en nuestro país” (ministra vocera Vallejo).
Pero tampoco era fácil salir del embrollo. Por eso el Ejecutivo nos mantuvo en ascuas hasta esta semana, cuando el miércoles el ministro Segpres presentó finalmente el veto que dejó el voto obligatorio para todos, pero con una sanción mínima, de 33 mil pesos. Todos entienden que eso debilita la participación porque es más caro notificar la infracción al domicilio que el valor de la multa. Entremedio, la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, que subrogó a su par comunista Vallejo, amenazó con que el Ejecutivo podría no ejercer su facultad de vetar, lo cual dejaría el voto obligatorio sin sanción, tal como fue aprobado, en 10 días, dos veces en la Cámara y una en el Senado.
Además de legislar ad portas de las elecciones de octubre, el Presidente introdujo nuevos contrabandos en su veto, que después tuvo que eliminar. Innovó, por ejemplo, eximiendo de votar a las “personas gestantes en cualquier período de embarazo” (muy raro referirse así a las mujeres y considerar las embarazadas como enfermas, ¿no?).
Gabriel Boric es el responsable de esta argucia tramposa de tratar de reducir el padrón electoral, ahora que la izquierda cayó en cuenta que le va mejor con voto voluntario. No hay que olvidar la dura derrota que sufrió en el plebiscito de salida de septiembre de 2022, al igual que en la nueva elección de los consejeros constitucionales en mayo de 2023, ambas con voto obligatorio. En la elección de constituyentes del primer proceso constitucional, en cambio, con voto voluntario, la izquierda arrasó, pero sufragó menos del 45% del padrón electoral.
Lo que procura el oficialismo ahora, entonces, es incentivar a que se abstenga de participar la mayoría, como ocurre desde que impusieron el voto voluntario en 2009. En el plebiscito de salida de diciembre pasado, con voto obligatorio, sufragó el 86%, casi 13 millones de personas, que duplicaron el número que intervino en las últimas municipales de 2021.
Las de octubre serán las primeras elecciones municipales con voto obligatorio desde que el Congreso repuso esa obligación a fines de 2022. Y como podría votar el doble de quienes lo hacía con el sufragio voluntario y se trata de una elección múltiple (alcaldes, concejales, gobernadores, cores), el Servel pidió hacer el acto en dos días. Como los procesos electorales son (o deben ser) serios en democracia, había que establecerlo por ley. Y es esa iniciativa la que los parlamentarios de izquierda aprovecharon para tratar de meter la mano en la urna, y procurar que se resten del proceso los electores que sólo sufragan cuando son “obligados”, que tienden a ser más moderados que los que participan siempre y suelen ser más ideologizados. El terror que enfrentan es que la elección con voto obligatorio se transforme en un plebiscito sobre el actual gobierno con un pésimo resultado.
La multa de 33 mil pesos por no votar es algo bien parecido a tener voto voluntario. Justo lo contrario de lo que defendió Tohá hace menos de un mes, antes que la Presidencia decidiera subirse a la jugada electoral que inició la Cámara: “el gobierno es promotor de un voto obligatorio con multa y lo vamos a defender, nos convenga o no nos convenga, lo hemos defendido siempre”. Agregaba entonces que “lo que se juega en el voto obligatorio no es a quién favorece o a quién perjudica, lo que se juega es la fortaleza de la democracia”.
Esa argumentación queda para la historia, luego que Palacio se cuadrara con tratar de reducir a la mala el padrón electoral. El Presidente debe haber sido muy convincente para que a su ministra ya no le importe afectar “la fortaleza de la democracia”, sino que esté argumentado que quienes alegan por la baja multa “no tienen problemas de bolsillo”.
Es evidente que la objeción no es por lo baja de la multa, sino por la intención del Presidente que no voten quienes pueden tener posiciones contrarias a la izquierda, lo que en el caso de los venezolanos, los obligó a abandonar su país.
Boric podrá enorgullecerse de haber puesto a la oposición contra las cuerdas (si no le aprueba el veto, el voto queda sin sanción para todos), pero que no crea que no nos damos cuenta que, cuando puede, hace trampa. (El Líbero)
Pilar Molina
