En un gesto de reafirmación de la política exterior de su administración, el Presidente Gabriel Boric recibió este martes en el Palacio de La Moneda a los máximos representantes de la Comunidad Palestina en Chile. El encuentro ocurre en medio de la inquietud generada en el sector por una posible comunicación oficial entre el mandatario electo, José Antonio Kast, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Acompañado por el presidente de la organización, Maurice Khamis, y su director ejecutivo, Janna Sakalha, el Jefe de Estado reafirmó que el respaldo de su Gobierno a la causa palestina ha sido “invariable e inquebrantable”. A través de sus redes sociales, Boric subrayó la importancia de una “paz justa y duradera” y aseguró que, incluso fuera de la presidencia, seguirá apoyando la soberanía de dicho pueblo.

POLÍTICA DE ESTADO

Tras la reunión, Maurice Khamis enfatizó que Chile debe mantener una línea de continuidad histórica respecto al conflicto en Medio Oriente. El dirigente recordó que desde la administración de Patricio Aylwin hasta la de Sebastián Piñera —quien reconoció oficialmente al Estado de Palestina—, el país ha mantenido un compromiso con el Derecho Internacional y la solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967.

“El tema de Palestina no es complicado: el día que se acaba la ocupación, se acaba el problema”, sentenció Khamis, enviando un mensaje implícito a la administración entrante sobre la relevancia de no romper con el consenso diplomático que Chile ha construido durante las últimas décadas.

Este acercamiento del Ejecutivo saliente con la comunidad árabe busca blindar la postura oficial del país ante los posibles cambios en la agenda internacional que podría implementar José Antonio Kast, quien durante su campaña y tras su triunfo ha mostrado señales de un alineamiento más estrecho con las autoridades israelíes.

LA IZQUIERDA CRITICA VINCULOS KAST-NETANYAHU

Apenas 48 horas después de su victoria, el Presidente electo, José Antonio Kast, enfrenta su primera gran ofensiva por parte del actual oficialismo. El motivo: las señales de reactivación de vínculos diplomáticos con el gobierno de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, lo que ha sido interpretado por las fuerzas que sustentan a Gabriel Boric como un quiebre de la política exterior histórica de Chile.

La controversia se encendió luego de que Netanyahu expresara su satisfacción por el triunfo de Kast y de que el canciller israelí, Gideon Sa’ar, confirmara un acuerdo telefónico con el republicano para “retomar las relaciones” entre ambas naciones. Cabe recordar que, bajo la administración de Boric, Chile retiró a su embajador en Tel Aviv como señal de protesta por la crisis humanitaria en Gaza, dejando la representación en un nivel mínimo.

Desde el Partido Comunista, el senador Daniel Núñez fue tajante al señalar que Kast no está por sobre el derecho internacional, advirtiendo que acercarse a un líder con órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad pone a Chile del lado de la “impunidad”. En la misma línea, el PC emitió una declaración oficial acusando que esta proximidad busca “invisibilizar los crímenes cometidos contra Palestina”.

Por su parte, el senador electo Diego Ibáñez (FA) recordó que Chile alberga a la comunidad palestina más grande fuera de Oriente Medio, subrayando que establecer contactos con un gobierno cuestionado “no se condice con los principios que el Estado de Chile ha seguido históricamente, incluso bajo el gobierno del expresidente Piñera”.

La molestia oficialista también se extendió al viaje de Kast a Buenos Aires. Diputados como Marcos Ilabaca (PS) y Jorge Brito (FA) acusaron al mandatario electo de realizar “visitas casi de Estado” sin la coordinación debida con la Cancillería chilena, rompiendo la tradición de prudencia institucional.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA) calificó el encuentro con Javier Milei como una “articulación de la ultraderecha global” más que una visita oficial, sugiriendo que Kast debería esperar a asumir el cargo en marzo para realizar gestiones de esta envergadura. Con esto, el oficialismo busca marcar la cancha frente a lo que consideran un cambio drástico en la política de respeto irrestricto a los derechos humanos que ha caracterizado al país. (NP-Gemini-Bio Bio-La Tercera)