Bolivia enfrenta una creciente crisis social y económica al cumplirse un mes de los bloqueos de carreteras impulsados por organizaciones sociales y sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones han provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en gran parte del país, profundizando el complejo escenario económico que atraviesa la nación desde 2023.

Las protestas comenzaron el 6 de mayo y son lideradas por la Federación de Campesinos Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y grupos afines al expresidente Evo Morales. Los dirigentes sostienen que su principal exigencia es la salida del mandatario, a quien acusan de excluirlos de las decisiones gubernamentales y de impulsar reformas que, según denuncian, favorecerían la privatización y el aumento de tarifas en servicios básicos.

Inicialmente concentrados en La Paz y El Alto, los bloqueos se extendieron progresivamente a ocho de las nueve regiones del país, manteniendo cerca de un centenar de puntos de interrupción en las principales rutas nacionales.

El conflicto ha generado un fuerte impacto económico. La Cámara Nacional de Industrias estimó pérdidas por aproximadamente 2.100 millones de dólares, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños emprendedores y trabajadores independientes. El sector turístico, por su parte, calcula perjuicios cercanos a los 1.230 millones de dólares, además del deterioro de la imagen internacional del país.

La crisis también ha tenido consecuencias humanas. Según la Defensoría del Pueblo, siete personas fallecieron por no recibir atención médica oportuna debido a los cortes de rutas, mientras que otras tres murieron en el contexto de las manifestaciones, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.

En el plano internacional, los gobiernos que integran el denominado Escudo de Las Américas expresaron su respaldo al presidente Rodrigo Paz y denunciaron un supuesto intento de desestabilización mediante protestas que, aseguran, estarían financiadas con recursos provenientes del narcotráfico.

En paralelo, Bolivia ha recibido apoyo humanitario de Estados Unidos, Perú y Chile, mientras que Argentina envió aviones de carga para fortalecer el puente aéreo destinado al traslado de alimentos y suministros hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

La tensión diplomática también aumentó luego de que el Gobierno boliviano expulsara a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, tras considerar como una injerencia declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación interna del país.

Los intentos de desbloqueo realizados por la Policía y el Ejército los días 16 y 23 de mayo no lograron restablecer el tránsito en una de las principales rutas del altiplano y derivaron en enfrentamientos con manifestantes, incrementando la tensión social.

Diversas instituciones, entre ellas el Parlamento, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, han intentado mediar entre el Gobierno y los dirigentes de las movilizaciones, aunque las gestiones no han prosperado debido a la negativa de las partes para avanzar en un diálogo.

En las últimas horas, dirigentes campesinos del altiplano de La Paz entregaron un ultimátum al presidente Rodrigo Paz para que presente su renuncia, mientras el mandatario reiteró su disposición a buscar una salida negociada al conflicto.

Frente al agravamiento de la crisis, diversos sectores han solicitado la declaración de un estado de excepción. El Parlamento ya derogó una norma que limitaba la actuación de las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna y el Senado aprobó un proyecto que amplía las facultades de los organismos de seguridad.

Pese a ello, el presidente Paz afirmó que utilizará todas las herramientas que le otorga la Constitución para enfrentar la situación, insistiendo en que el diálogo seguirá siendo la primera alternativa para restablecer la normalidad en el país. (NP-ChatGPT-Cooperativa-Agencias)