El exministro del Interior Gonzalo Blumel marcó distancia de los dichos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien comparó las condiciones de las cárceles chilenas con el sistema penitenciario implementado por Nayib Bukele en El Salvador.

La controversia surgió después de que Arrau señalara que, si estuviera privado de libertad, preferiría una cárcel salvadoreña antes que algunos de los recintos existentes en Chile, aunque aclaró que no estaba defendiendo la política penitenciaria de Bukele.

Blumel cuestionó esa comparación y puso el foco en las diferencias institucionales entre ambos países. A su juicio, Chile mantiene un Estado de Derecho y controles judiciales independientes, mientras que existen serios cuestionamientos internacionales respecto de la separación de poderes y las garantías fundamentales en El Salvador.

“Yo preferiría mil veces ser perseguido y juzgado por tribunales chilenos antes que por los tribunales de El Salvador”, afirmó.

NUEVO ESTADO DE EXCEPCIÓN

Pese a sus críticas a la comparación de Arrau, Blumel descartó que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast pueda equipararse directamente con el modelo salvadoreño.

El exministro destacó que la propuesta mantiene principios relacionados con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, además de conservar un papel central para los tribunales en la determinación de responsabilidades penales.

Sin embargo, manifestó reparos frente a algunas de las nuevas facultades que contempla la iniciativa. Particularmente, advirtió sobre el nuevo estado de excepción constitucional, cuya aplicación podría extenderse hasta 240 días considerando su primera prórroga.

Blumel también expresó preocupación por la posibilidad de interceptar comunicaciones sin control jurisdiccional, argumentando que Chile ya dispone de mecanismos judiciales para autorizar este tipo de diligencias en investigaciones contra el crimen organizado y el terrorismo.

El exministro llamó así a mantener un equilibrio entre el fortalecimiento de las herramientas estatales para combatir la delincuencia y la protección de las garantías fundamentales, advirtiendo que facultades extraordinarias otorgadas al Estado también podrían ser utilizadas de manera indebida por futuras administraciones. (NP-ChatGPT-La Tercera)