El Ministerio de Bienes Nacionales anunció que durante 2026 pondrá a la venta un total de 234 inmuebles fiscales distribuidos en distintas regiones del país, operación con la que proyecta recaudar cerca de US$73,3 millones.

La iniciativa forma parte del nuevo Plan de Ventas 2026 “Se Busca Dueño”, presentado este martes por la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y cuyo objetivo es recuperar propiedades del Estado que actualmente se encuentran abandonadas, ocupadas de manera irregular o sin un destino definido.

La cartera pretende que estos activos puedan reincorporarse a la actividad económica y posteriormente ser utilizados para proyectos habitacionales, comerciales, iniciativas de inversión u otros desarrollos privados.

Del total contemplado en el programa, 159 inmuebles serán ofrecidos mediante licitaciones públicas, operaciones por las cuales el Gobierno espera obtener aproximadamente US$48,8 millones.

De esas propiedades, 82 corresponden a bienes provenientes de herencias vacantes, mientras otras 77 ya habían sido sometidas anteriormente a procesos de licitación que terminaron sin interesados.

A ese grupo se agregan otros 75 inmuebles cuyas ventas ya se encuentran en tramitación y que representan un monto estimado de US$24,5 millones.

Las propiedades que serán licitadas durante 2026 se encuentran distribuidas en 15 regiones. Atacama encabeza la lista con 39 inmuebles, seguida por la Región Metropolitana con 29, Magallanes con 17, Coquimbo con 14 y Los Lagos con 11.

La primera etapa del programa comienza este 1 de septiembre con la publicación de las licitaciones correspondientes a 37 propiedades. En conjunto, estos terrenos e inmuebles superan los 253 mil metros cuadrados, equivalentes a unas 25 hectáreas.

El valor mínimo total establecido para este primer conjunto alcanza las 648.306,17 UF, cifra equivalente a aproximadamente US$27,6 millones.

Una vivienda ubicada en la comuna de La Reina será la primera propiedad que saldrá a licitación. La etapa inicial también considera inmuebles localizados en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Atacama, Los Ríos y Los Lagos, entre otras.

Chañaral concentra la mayor cantidad de propiedades dentro de este primer proceso, con 23 inmuebles. También se ofrecerán activos fiscales ubicados en comunas como Vitacura, Renca, Santiago, Puente Alto, Valdivia, Osorno, Puyehue, Valparaíso y Viña del Mar.

Una parte importante de los bienes incluidos en el plan procede de herencias vacantes, denominación utilizada para los patrimonios de personas fallecidas sin herederos y que, bajo las condiciones establecidas por la legislación, pasan a propiedad del Fisco.

Según Bienes Nacionales, existen actualmente cerca de 47 mil denuncias de herencias vacantes pendientes de procesamiento. Alrededor del 30% de ellas fueron ingresadas solamente durante 2025.

La normativa establece que los inmuebles incorporados al patrimonio fiscal mediante este mecanismo deben venderse dentro de los dos años siguientes a la obtención de la posesión efectiva por parte del Estado.

Uno de los objetivos del programa será acelerar esa tramitación, considerando que algunos bienes enfrentan procedimientos administrativos o judiciales que pueden retrasar durante años su incorporación al mercado.

El ministerio también busca revertir el desempeño observado en los últimos años en la venta de propiedades fiscales. De acuerdo con las cifras de la cartera, entre 2022 y 2025 un promedio de 66% de las licitaciones terminó declarado desierto, mientras los ingresos obtenidos mediante estas operaciones disminuyeron.

Bienes Nacionales sostiene que mantener propiedades fiscales sin utilización implica costos para el Estado y puede favorecer su deterioro o aumentar el riesgo de ocupaciones irregulares. El programa pretende, por ello, ordenar la cartera inmobiliaria fiscal y agilizar la venta de los activos considerados prescindibles.

Los inmuebles serán comercializados principalmente mediante licitación pública. Cada propiedad tendrá un valor comercial mínimo definido a partir de una tasación y posteriormente aprobado por la Comisión Especial de Enajenaciones.

Una vez publicadas las bases, los interesados podrán presentar sus propuestas y el inmueble será adjudicado al postulante que cumpla las exigencias establecidas y formule la mayor oferta económica.

Los participantes deberán entregar una garantía de seriedad equivalente al 10% del valor mínimo establecido para la propiedad. El plazo para presentar ofertas será de 30 días desde la publicación de cada licitación, mientras que las adjudicaciones están previstas entre 30 y 60 días después.

Actualmente, el procedimiento de postulación debe efectuarse en formato físico. Sin embargo, Bienes Nacionales trabaja en nuevas bases destinadas a permitir que futuros procesos de licitación puedan realizarse de manera digital. (NP-ChatGPT-Emol)