El próximo 1 de julio entrará en vigor en China continental la nueva Ley para la Promoción del Progreso y la Unidad Étnica. A primera vista, se trata de una normativa de carácter interno destinada a fortalecer la identidad nacional y consolidar lo que Pekín denomina la “comunidad de la nación china”. Sin embargo, observada en perspectiva, esta ley constituye una pieza más dentro de un proceso más amplio: el intento de una potencia emergente por proyectar hacia el exterior su propia concepción del derecho, la soberanía y el orden político.

No se trata simplemente de un asunto doméstico chino. Es, más bien, un reflejo de las transformaciones que podrían definir el sistema internacional de las próximas décadas.

Del comercio a la exportación de normas

Durante cuarenta años, China transformó al mundo a través de sus manufacturas, sus inversiones y el tamaño de su mercado. Hoy, sin embargo, parece estar desarrollando otra forma de influencia: la jurídica.

La Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, la Ley Antiespionaje, la Ley de Seguridad de Datos, la Ley contra las Sanciones Extranjeras y, ahora, la Ley de Unidad Étnica, conforman un entramado legal cuyo eje central es la seguridad del Estado.

Lo llamativo es que sus efectos no terminan necesariamente en las fronteras chinas.

La legislación sobre Hong Kong reclama jurisdicción incluso sobre personas extranjeras fuera del territorio; empresas internacionales se han visto obligadas a adaptar sus políticas respecto de Taiwán o Xinjiang para evitar represalias; y varios gobiernos occidentales han expresado preocupación por la presencia de mecanismos de asistencia policial chinos en el exterior.

Si en el siglo XX la globalización estuvo asociada al libre comercio, en el siglo XXI podría surgir otra clase de globalización: la de las normas, las jurisdicciones y las concepciones del poder.

Una respuesta nacida de la incertidumbre

Ninguna ley aparece en el vacío.

China enfrenta un escenario complejo: desaceleración económica, envejecimiento demográfico, crisis inmobiliaria, desempleo juvenil y una creciente rivalidad estratégica con Estados Unidos. En este contexto, la estabilidad ha pasado a ser una prioridad absoluta para el liderazgo encabezado por Xi Jinping.

La idea de una “comunidad de la nación china” responde precisamente a esa lógica. El objetivo es construir una identidad común capaz de situarse por encima de las diferencias étnicas, religiosas o históricas.

Xinjiang, el Tíbet, Hong Kong e incluso la cuestión de Taiwán son concebidos por Pekín no como asuntos culturales o políticos aislados, sino como componentes inseparables de la seguridad nacional.

La nueva legislación persigue, por tanto, algo más ambicioso que la mera convivencia entre las cincuenta y seis nacionalidades reconocidas oficialmente. Busca moldear una identidad colectiva homogénea mediante la educación, la cultura, el aparato legal y la narrativa histórica.

La diversidad, desde esta perspectiva, deja de ser un valor en sí mismo y pasa a subordinarse a una concepción superior de unidad.

Toda gran potencia exporta su visión del mundo

La historia enseña que ninguna potencia ascendente se limita a exportar mercancías.

El Imperio Británico difundió el libre comercio y el common law; Estados Unidos construyó después de 1945 un sistema basado en las instituciones multilaterales, la economía abierta y los valores democráticos.

China tampoco parece ser una excepción.

Su visión, sin embargo, pone el énfasis en la estabilidad, la cohesión y la primacía del Estado por encima de los particularismos individuales. No busca necesariamente una revolución mundial, sino un entorno internacional más compatible con sus intereses y con su filosofía de gobierno.

Las controversias relacionadas con Taiwán, las presiones sobre compañías multinacionales, las actividades de los Institutos Confucio o la vigilancia sobre comunidades tibetanas y uigures en el extranjero son síntomas de una realidad más profunda: Pekín entiende que ciertas cuestiones vinculadas a la soberanía y a la unidad nacional trascienden las fronteras físicas.

En otras palabras, China comienza a proyectar hacia el exterior su propia interpretación de la legitimidad política.

América Latina ya ha vivido algo parecido

Para América Latina, este fenómeno no debería resultar ajeno.

Durante el siglo XIX, la Doctrina Monroe convirtió al hemisferio occidental en un espacio de influencia estadounidense. Décadas más tarde, la Revolución Cubana exportó una ideología que dividió a numerosas sociedades latinoamericanas y marcó profundamente la historia regional.

La experiencia latinoamericana enseña una verdad sencilla: las grandes potencias no sólo compiten con ejércitos o con capitales; también compiten con ideas, instituciones y visiones del mundo.

Hoy China no envía guerrillas ni pretende exportar una revolución. Su influencia opera de manera mucho más sofisticada. A través del comercio, las inversiones, la tecnología y el acceso a su inmenso mercado, puede moldear incentivos y generar formas sutiles de autocensura.

Una universidad peruana, una empresa chilena, un académico argentino o un periodista colombiano podrían verse enfrentados, directa o indirectamente, a presiones derivadas de las sensibilidades políticas de Pekín.

Porque, como decía Andrés Bello, «la independencia no consiste únicamente en romper cadenas, sino también en preservar la facultad de pensar por cuenta propia».

La disputa del siglo XXI será también una disputa entre civilizaciones políticas

Samuel Huntington advertía que las diferencias culturales y civilizacionales adquirirían una importancia creciente después de la Guerra Fría. Quizás no se equivocaba del todo.

La competencia del siglo XXI ya no enfrenta al capitalismo con el comunismo, como ocurrió en el siglo pasado. La verdadera disputa parece darse entre diferentes concepciones del orden político.

Por un lado, una tradición que privilegia los derechos individuales, el pluralismo y las libertades civiles. Por otro, una visión que coloca la estabilidad, la cohesión nacional y la seguridad del Estado en el centro de la vida política.

La nueva Ley de Unidad Étnica merece atención no por la manera en que administrará las relaciones entre las nacionalidades chinas, sino porque simboliza una transformación más profunda: China ha dejado de ser solamente un participante del orden internacional para convertirse, cada vez más, en uno de sus arquitectos.

Y para América Latina, la cuestión fundamental no es si debe relacionarse con China —eso es inevitable—, sino cómo preservar su autonomía institucional y cultural en un mundo donde las potencias ya no sólo exportan productos, sino también leyes, valores y formas de entender la convivencia humana.

Porque las grandes disputas de la historia rara vez comienzan con cañones.

Con frecuencia empiezan con ideas.

Y a veces, también, con leyes. (Red NP)

Andrés Liang

Analista en política internacional y relaciones Asia-Latinoamérica