Lo que comenzó como una discusión técnica sobre la necesidad de autorizar un nuevo endeudamiento por US$6.200 millones para 2026 terminó transformándose en un conflicto político que amenaza con reabrir el debate sobre la gestión fiscal del gobierno anterior. La solicitud presentada por el Ejecutivo ante el Congreso no solo puso sobre la mesa el deterioro de las cuentas públicas, sino que también instaló dudas sobre las proyecciones presupuestarias elaboradas en la administración precedente.

Durante su exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la necesidad del aumento de deuda argumentando que responde a compromisos ya adquiridos por el Estado. Sin embargo, el foco rápidamente se desplazó hacia las razones que explican el déficit proyectado, apuntando directamente a una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos en la Ley de Presupuestos aprobada el año anterior.

Según la autoridad, una parte importante de los recursos solicitados busca cubrir un déficit fiscal superior al inicialmente previsto, además de obligaciones pendientes con proveedores y efectos derivados de la evolución del tipo de cambio. La descripción realizada por el ministro reflejó una situación financiera tensionada, donde el Estado enfrenta dificultades para cumplir compromisos acumulados sin recurrir a nuevo financiamiento.

El debate se desarrolla en un contexto especialmente sensible para las finanzas públicas. Las estimaciones oficiales indican que el déficit fiscal proyectado para 2026 aumentó desde un 1,5% a un 2,4% del Producto Interno Bruto, mientras la deuda pública se aproxima al umbral del 45% del PIB, considerado históricamente como una referencia prudencial para la sostenibilidad fiscal del país.

Las explicaciones del Ejecutivo, sin embargo, no lograron disipar todas las dudas. Algunos parlamentarios cuestionaron la aparente contradicción entre solicitar un incremento del endeudamiento y, paralelamente, impulsar una amplia reforma económica y tributaria. Aunque Hacienda insistió en que ambos procesos son independientes y que los recursos solicitados no financiarán nuevas iniciativas, el debate sobre el impacto fiscal de las reformas continúa abierto.

La controversia alcanzó un nuevo nivel cuando Quiroz reveló la existencia de una investigación administrativa al interior de la Dirección de Presupuestos (Dipres) relacionada con las proyecciones de deuda elaboradas durante la gestión anterior. El ministro aseguró que no existirían respaldos técnicos suficientes para algunas de las estimaciones realizadas, situación que podría derivar en eventuales responsabilidades administrativas.

Las declaraciones instalaron nuevamente en el centro de la discusión a la exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez, cuya gestión ya había enfrentado cuestionamientos por desviaciones fiscales y correcciones posteriores en las proyecciones oficiales. Desde sectores del oficialismo surgieron llamados para que entregue explicaciones ante el Congreso respecto de los antecedentes expuestos por Hacienda.

En medio de las recriminaciones cruzadas, distintos sectores políticos coincidieron en la necesidad de incorporar una evaluación independiente. Por ello, parlamentarios solicitaron la comparecencia del Consejo Fiscal Autónomo, organismo técnico encargado de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, con el objetivo de contrastar las cifras y despejar dudas sobre la magnitud real del problema fiscal.

Con la discusión legislativa avanzando contra el tiempo, la próxima semana podría convertirse en un punto de inflexión. La eventual participación del Consejo Fiscal Autónomo y de la exdirectora de Presupuestos promete trasladar el debate desde la necesidad inmediata de financiamiento hacia una pregunta más profunda: quién es responsable de las condiciones que hoy obligan al Estado a solicitar uno de los mayores incrementos de deuda pública de los últimos años. (NP-ChatGPT-El Mostrador)