El miércoles, la Cámara de Diputados dio el puntapié inicial al proceso constituyente iniciado el 15 de noviembre. Gracias a la actuación de los presidentes y diputados de Chile Vamos, se respetó el acuerdo y se aprobó íntegramente el texto del proyecto de ley redactado por la comisión técnica constituida para ese efecto.
Desgraciadamente, la oposición no estuvo a la altura. Sus diputados en la Comisión de Constitución aprobaron indicaciones que se apartaban del texto del acuerdo en materia de escaños reservados para pueblos indígenas, paridad de género en los resultados y listas de independientes. Adicionalmente, presionaron a Chile Vamos a través de las redes sociales, la prensa e incluso la violencia física de manifestantes en la sede del Congreso, ingresados con la complicidad de diputados. La idea era amedrentarlos para que no se aprobara el proyecto de la comisión técnica sino otro. Si no fuera por los quórums exigidos, la Cámara de Diputados pudo haber aprobado un texto contrario al acuerdo, empañando así este proceso.
Este comportamiento es preocupante, pues obedece a la lógica de correr el cerco, mediante la cual, después de llegar a acuerdos en las instancias designadas para ello, la izquierda trata de ir más allá. Incluso algunos llegaron a advertir a los diputados de Chile Vamos que si no accedían a las indicaciones se atuvieran a las consecuencias, en una no tan velada amenaza de lograr con la violencia lo que no obtenían con los votos.
Finalmente, el proyecto se aprobó como venía, pero no pasaron 24 horas antes de que la Cámara le hiciera modificaciones, introduciendo paridad de género, cupos indígenas reservados y listas de independientes. Parlamentarios de Chile Vamos lo hicieron posible.
¿Si una de las principales razones para cambiar la Constitución sería su “ilegitimidad de origen”, qué me dicen de una que se impone a partir de la amenaza de la violencia? Sería entonces esta la Constitución del saqueo, expresión de un distinguido constitucionalista que la utilizó, en modo de pregunta, cuando el país estaba invadido por una extrema violencia.
Tenemos dos años de proceso constituyente por delante, si la opción “Apruebo” gana en el plebiscito del 26 de abril. ¿Estarán estos dos años cargados de amenazas, violencia, funas y otras formas ilegítimas de intentar imponer un punto de vista sobre los otros, de impedir la manifestación de opiniones contrarias, de doblegar por la fuerza la voluntad ajena? Si es así, la nueva Constitución será ilegítima.
El gobierno tiene la principal responsabilidad en la mantención del orden público, pero hay otros que también, por la investidura de su cargo, tienen responsabilidades que son claves para el funcionamiento de la democracia. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, no puede permitir que vuelva a repetirse el lamentable espectáculo que se vivió en el Congreso esta semana. (La Tercera)
Luis Larraín
