El Banco Central de Chile, que recientemente conmemoró 30 años de autonomía institucional, sumó, a sus hitos relevantes, la celebración de sus 100 años de historia.
La autonomía del instituto emisor, reconocida en el texto constitucional y articulada a través de su ley orgánica constitucional de 1989, tiene una enorme significancia para el país. En efecto, y según dan cuenta estos 35 años recientes, el Banco Central chileno así concebido, ha sido una pieza y pilar fundamental del progreso económico chileno.
No obstante, lo que se da por sabido y por sentado, sin que se rememore permanentemente, suele echarse al olvido, y cuando no, perder valoración.
Sin ir más lejos, durante el proceso constitucional que tuvo lugar en nuestro país durante los años 2021 y 2022, respaldado por el oficialismo chileno, pero cuyo resultado fue ampliamente rechazado por la población, la autonomía del instituto emisor estuvo bajo claro y persistente ataque y riesgo, al punto que se amenazó con echarla abajo.
En esa oportunidad se discutieron reformas que habilitaban al Congreso para remover a los consejeros del Banco a través de acusaciones constitucionales, y se intentó introducir, en su institucionalidad, una serie de objetivos y funciones que lo desviaban de su misión constitucionalmente establecida, con fines contradictorios entre sí. Por ese entonces, su carácter técnico y autónomo, cedía espacio a la politización de sus decisiones, y dar más relevancia al carácter paritario y plurinacional de la integración de su Consejo, que a su trayectoria y rol experto.
La Convención Constitucional, aun cuando matizó algunas de estas propuestas, terminó por plantear una fórmula en que se mantenía -en términos declarativos- la autonomía del ente emisor, pero en la que se afectaba severamente su autonomía efectiva, dejando atrás las lecciones y lo que ha significado para el país la autonomía de iure y de facto, y el carácter experto, del Banco Central.
Conforme da cuenta un estudio realizado en 2019 por la economista Macarena García, de Libertad y Desarrollo, luego de la consagración y materialización de la autonomía del Banco Central, en 1989, la inflación, que en esos momentos rondaba el 20% anual, entró en una senda decreciente y llegó a ubicarse en torno a 3% anual hacia fines de la década de los noventa, para luego estabilizarse en torno a este guarismo. En esa convergencia, fue determinante la separación de la administración de la política monetaria, del proceso político.
Conforme evidencia el referido estudio, previo a dicho hito la historia era muy diferente. A pesar de múltiples reformas realizadas hasta 1979 a la institucionalidad del Banco, la política monetaria continuaba fuertemente determinada por el ciclo político, con su consecuente impacto en las finanzas públicas y en la inflación, afectando negativamente a las personas.
Durante ese año, no obstante, comenzaron a materializarse una serie de reformas, que culminarían en 1989, que partieron por desvincular la política monetaria del financiamiento fiscal y del otorgamiento de crédito al sector privado, siguiendo con la eliminación de su dependencia y subordinación al gobierno a través del Consejo Monetario, como su órgano superior, y con la consagración, en la Constitución Política de la República, de su carácter autónomo y técnico, con patrimonio propio, y con la prohibición de financiar gasto público.
Luego, en 1989, a través de su ley orgánica constitucional, se establecieron objetivos claros y específicos, así como la composición y funcionamiento del Consejo del Banco, y las facultades monetarias, crediticias, financieras y cambiarias. Así, el Banco Central sería gobernado por un Consejo de cinco miembros, designados por el presidente de la República, con aprobación del Senado, que sirven por períodos de 10 años, siendo virtualmente no removibles y renovables escalonadamente (un miembro cada dos años).
Hoy, el Banco goza de autonomía tanto en derecho como en los hechos, seleccionando sus objetivos conforme al marco jurídico vigente y persiguiendo la estabilidad monetaria, sin presiones políticas o electorales, o influencias del gobierno de turno. Por cierto, ello ha permitido el control de la inflación, pero la importancia de la autonomía efectiva del Banco va mucho más allá.
En efecto, la literatura es consistente en mostrar una relación positiva entre una mayor autonomía de los bancos centrales – con alta capacidad técnica, transparentes y que rinden cuentas de sus decisiones y sus resultados-, con ciertos resultados económicos deseables, como sería una menor inflación, pero también un menor endeudamiento público y, por tanto, un mayor bienestar de las personas.
La experiencia del Banco Central de Chile es hoy destacada como valiosa y exitosa, a nivel nacional e internacional, y esa experiencia tiene que ver con el recorrido y aprendizaje institucional alcanzado durante todo este periodo, en que se realizaron cambios fundamentales que han permitido que podamos contar esta notable historia, tal y como la contamos hoy.
Tener ello presente es relevante en todo momento y sobre todo cuando viene un nuevo ciclo electoral, máxime cuando al Congreso se postulan personas que fueron activos protagonistas de un proceso constitucional refundacional que, entre otras, intentó echar franca marcha atrás en la autonomía del Banco.
No debemos olvidar que hoy nuestra Constitución exige para su reforma un quorum de 4/7 de sus miembros en ejercicio, y no de 2/3 o 3/5, como hace algunos años, y que las leyes orgánicas constitucionales, como la del Banco Central de Chile, quedaron sujetas, para aprobarse, a un quorum de mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada cámara.
De ahí que estas lecciones y recordar lo aprendido a nivel institucional y su relevancia para el país y, en definitiva, para la calidad de vida de todos los chilenos, nunca está demás. (Ex Ante)
Natalia González
