La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha solicitado al presidente Gabriel Boric que retire al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de las negociaciones relacionadas con la multa por el voto obligatorio.
En un comunicado, los diputados Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida acusaron a Elizalde de «intervencionismo electoral» y de «socavar» el proceso. Los parlamentarios argumentaron que el ministro se ha dedicado a intentar «sacar a ciudadanos del padrón y evitar que puedan participar», en referencia a los ciudadanos extranjeros, lo que a su juicio busca una conveniencia política.
La UDI afirmó que, aunque están dispuestos a discutir y legislar sobre el tema, consideran que la persistencia del ministro es un intento de intervencionismo electoral, especialmente en medio de un proceso ya en curso.
La bancada emplazó al Presidente Boric a respaldar el rol de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, a quien ven como la figura comprometida con el respeto a la Constitución y la aplicación del voto obligatorio. Los diputados de la UDI temen que, si las negociaciones se estancan en el Senado, las próximas elecciones de noviembre se realicen sin sanciones, lo que podría «afectar de manera muy grave la legitimidad del proceso».
Los parlamentarios concluyeron su declaración instando a Boric a dejar de lado los «cálculos políticos» de su sector y a asegurar que el voto obligatorio se cumpla, sugiriendo que la ministra Lobos es la persona adecuada para liderar esta tarea.
OFICIALISMO
Tras el revés en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no logró alinear los votos para aprobar la multa por no sufragar, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha manifestado su intención de reponer la medida a través del Senado. Sin embargo, persisten importantes desafíos para concretar la iniciativa antes de las elecciones de noviembre.
La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, reconoció en una entrevista con Estado Nacional de TVN la complejidad de la tarea. «Esto requiere cuadrar el círculo», afirmó la vocera, señalando la dificultad de unificar las distintas posturas en el Parlamento, tanto en el oficialismo como en la oposición.
Vallejo detalló que la principal traba es el guarismo de la multa, es decir, el monto de la sanción económica. Existen diferentes posturas sobre cómo aplicarla:
Algunos sectores proponen una multa diferenciada, que considere las condiciones económicas del votante.
Otros defienden una multa única para todos. Y un tercer grupo se opone a cualquier tipo de sanción monetaria.
La ministra recordó que el Ejecutivo respaldó inicialmente el proyecto de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) para resolver este tema, pero el rechazo de algunos sectores del oficialismo impidió su aprobación en la Cámara Baja.
A pesar de los desacuerdos, la ministra Vallejo enfatizó que el gobierno presentará una indicación al proyecto de ley en el Senado para asegurar que el voto obligatorio incluya una sanción económica. Además, se buscará legislar en paralelo una reforma constitucional para modificar los requisitos de nacionalidad para los extranjeros, con el fin de que puedan participar en futuras elecciones presidenciales.
El gobierno busca un consenso que no solo asegure la aprobación de la multa, sino que también atienda la realidad económica de los chilenos y el alto costo de la vida en el país.(NP-Gemini-Emol-La Tercera)
