La bancada de diputados del Partido Republicano, encabezada por Macarena Santelices, inició una ofensiva fiscalizadora dirigida a las 345 municipalidades del país tras la revelación de un informe de la Contraloría General de la República. El documento, presentado por la contralora Dorothy Pérez, detectó que más de 6.000 funcionarios públicos a nivel nacional ejercieron labores remuneradas en el sector privado mientras se encontraban con licencia médica vigente en sus reparticiones estatales.
La diputada Santelices, en su calidad de jefa de bancada y exalcaldesa, calificó la situación como un “abuso de urgencia” que requiere transparencia inmediata por parte de los gobiernos locales. El oficio despachado solicita a los municipios detallar la cantidad de funcionarios involucrados en los últimos cinco años, el estado de los sumarios administrativos iniciados, las sanciones aplicadas y, fundamentalmente, el monto estimado de recursos públicos comprometidos en estos pagos indebidos.
Desde la misma bancada, los diputados Agustín Romero y Catalina del Real fueron enfáticos en catalogar estos hechos como un fraude al Estado. Romero insistió en que no se trata de errores administrativos, sino de un uso malicioso de fondos que deben ser devueltos íntegramente, mientras que Del Real subrayó que recibir beneficios por enfermedad y generar ingresos simultáneamente constituye un delito que debe tener consecuencias penales y administrativas severas para garantizar la probidad en el uso del dinero de todos los chilenos. (NP-Gemini-La Tercera)