Una auditoría encargada por el Ministerio de Ciencia reveló que más de 1.800 beneficiarios del programa Becas Chile incumplieron las obligaciones establecidas al momento de recibir el financiamiento estatal, acumulando una deuda cercana a los $100 mil millones que el Gobierno buscará recuperar mediante acciones administrativas y judiciales.

El proceso de revisión, solicitado por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, analizó más de dos millones de registros correspondientes a 12 mil becas otorgadas entre 2008 y 2025, identificando numerosos casos de beneficiarios que no acreditaron su retorno al país pese a haber finalizado sus estudios en el extranjero, algunos de ellos hace más de una década.

Según los antecedentes recopilados, cerca del 70% del monto adeudado corresponde precisamente a personas que no cumplieron con la obligación de regresar a Chile y permanecer en el país durante el período exigido por el programa, requisito contemplado en los convenios suscritos por los becarios.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había adelantado ante la Comisión de Hacienda del Senado que entre un 20% y un 30% de los beneficiarios no cumplió con los compromisos adquiridos, estimando una deuda superior a los US$100 millones, recursos que, aseguró, serán recuperados por el Estado.

La auditoría también evidenció una alta concentración territorial y socioeconómica en la asignación de las becas. El 55% de los beneficiarios pertenece a la Región Metropolitana y el 32,6% proviene de las comunas de Santiago, Las Condes, Providencia y Vitacura, cifras que abrieron un nuevo debate sobre los criterios de distribución del beneficio.

Frente a estos resultados, la ministra Lincolao anunció la suspensión de las convocatorias de Becas Chile para 2026 hasta conocer el informe definitivo, el que será presentado a la Comisión de Ciencia en las próximas semanas.

Paralelamente, el Ministerio inició un proceso para contactar a quienes mantienen obligaciones pendientes, solicitando su retorno al país o la restitución de los recursos recibidos. Además, se trabaja junto a la Policía de Investigaciones para localizar a beneficiarios cuyo paradero no ha podido ser establecido.

La normativa vigente faculta al Estado para suspender los beneficios, declarar el incumplimiento de las obligaciones y exigir judicial o extrajudicialmente la devolución íntegra de los recursos entregados cuando los becarios abandonan sus estudios, renuncian sin causa justificada o incumplen las condiciones establecidas en los convenios.

Desde el Congreso surgieron diversas reacciones frente a los resultados de la auditoría. El diputado Andrés Celis (RN), integrante de la Comisión de Ciencias, respaldó la judicialización de los casos y solicitó que los responsables restituyan la totalidad de los recursos públicos recibidos.

En la misma línea, la diputada Marlén Pérez (UDI) sostuvo que el caso refleja tanto el incumplimiento de algunos beneficiarios como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento del programa, enfatizando que los recursos fiscales deben administrarse con mayor rigurosidad.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) manifestó que, más allá de las sanciones que correspondan en cada caso, las evaluaciones no deben limitar el acceso a programas de formación avanzada, considerando la importancia estratégica de preparar capital humano para el desarrollo futuro del país. (NP-ChatGPT-Emol)