Una auditoría interna desarrollada en el marco del Plan Inspección Total detectó una serie de irregularidades en la construcción y habilitación de las nuevas dependencias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujer), ubicadas en calle Agustinas, en Santiago.
Según informó la actual administración de la cartera, el proyecto alcanzó un costo de $2.831 millones, un 146% por encima de los $1.100 millones considerados inicialmente, mientras que su ejecución pasó de los 18 meses originalmente previstos a cerca de tres años y medio.
A esos recursos se sumarían $120 millones asociados al término anticipado del arriendo de las antiguas oficinas y otros $494 millones proyectados para reparaciones y trabajos de habilitación del nuevo inmueble.
La auditoría también puso atención en las licitaciones. El contratista Alberto Felipe Olave Hernández habría concentrado el 88% del gasto del proyecto, mientras ALSA SpA, propiedad de su esposa, participó en cuatro de cinco procesos, aunque sus ofertas fueron declaradas inadmisibles.
El documento plantea que la participación de algunos oferentes habría permitido alcanzar el número mínimo necesario para evitar declarar desiertas las licitaciones, pero sin generar necesariamente una competencia efectiva por las adjudicaciones. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
También se detectaron problemas relacionados con la seguridad y habitabilidad. Los funcionarios fueron trasladados durante febrero de 2026 pese a que, según la auditoría, no estaban plenamente acreditadas las condiciones necesarias del edificio. El informe consigna accidentes y seis episodios de teletrabajo excepcional entre diciembre de 2025 y julio de 2026.
En total se identificaron ocho ámbitos con observaciones, incluyendo costos y plazos, modificaciones contractuales, órdenes de compra, condiciones de seguridad, deficiencias técnicas y falencias en la ejecución, control y supervisión de las obras.
Ante los resultados, la Subsecretaría remitió antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Además, ordenó un sumario administrativo.
ORELLANA RECHAZA CÁLCULO DE 146%
La exministra Antonia Orellana, sin embargo, cuestionó las cifras utilizadas por la auditoría y aseguró que la comparación se realizó tomando como referencia una proyección preliminar que posteriormente fue modificada.
Según la exsecretaria de Estado, las obras “siempre se proyectaron en más de $2.200 millones” y los montos fueron ajustándose mediante presupuestos aprobados públicamente por el Congreso.
Orellana afirmó que, a marzo de 2026, las cinco licitaciones asociadas a la remodelación sumaban $2.452.471.883, cifra que, según sus cálculos, representaría un incremento de aproximadamente 5% respecto de la formulación relevante y no de 146%.
De esta manera, el caso abre una controversia adicional sobre cuál es la base presupuestaria correcta para calcular el eventual sobrecosto, mientras los organismos fiscalizadores y persecutores deberán determinar si las situaciones detectadas derivan en responsabilidades administrativas o de otra naturaleza. (NP-ChatGPT-Bio Bio-Emol-Meganoticias)