Este viernes se dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría impulsada por el Ejecutivo a la administración del ex Presidente Gabriel Boric. El informe detectó diversas señales de riesgo en el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos, considerando el período entre 2025 y marzo de 2026. La exposición del documento tuvo lugar en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, liderada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
Entre los hallazgos se incluyen transferencias superiores a 140 millones de dólares hacia entidades con menos de un año de funcionamiento, además de patrones de compra que podrían sugerir fragmentación en adquisiciones mediante el mecanismo de Compra Ágil. Asimismo, se identificaron más de mil contratos con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, junto con la incorporación de más de 2.500 funcionarios a plantas estatales en los últimos meses de 2025.
El informe también advierte sobre más de mil convenios completamente pagados que presentan montos no rendidos por sobre los 50 millones de dólares. A ello se suma un elevado número de licencias médicas: cerca de 100 mil funcionarios registran permisos superiores a un mes, incluyendo más de mil casos que se extienden por más de un año. Además, se observaron traspasos masivos de personal desde honorarios a contrata y asignación de recursos a programas con evaluaciones consideradas insuficientes.
Tras la publicación de estos antecedentes, la bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio informó que ofició al Gobierno para solicitar detalles del denominado Plan de Inspección Total, impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast. La solicitud fue dirigida tanto a la Segpres como al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, con el objetivo de esclarecer los fundamentos, alcances y procedimientos de la auditoría.
Desde la bancada, manifestaron inquietudes respecto del diseño y ejecución del proceso, señalando la necesidad de contar con mayores antecedentes para evaluar su legitimidad. En esa línea, la jefa de bancada, Gael Yeomans, cuestionó la imparcialidad del procedimiento, afirmando que la fiscalización debe ser transparente y no puede recaer en actores que cumplan simultáneamente roles de evaluación y ejecución.
El oficio solicita información detallada sobre el diseño del plan, sus objetivos, bases legales y fundamentos jurídicos, así como aclarar si la iniciativa fue sometida a toma de razón por parte de la Contraloría. También se pidieron antecedentes sobre los servicios auditados, los criterios de selección, la composición de los equipos, el número de auditores y las medidas adoptadas para evitar conflictos de interés. Finalmente, se requirió especificar la metodología utilizada y los estándares técnicos que rigen el proceso. (NP-ChatGPT-Emol)