El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el Gobierno evalúa retirar su reforma constitucional en materia de seguridad para facilitar la presentación de un nuevo texto elaborado por senadores de la comisión de Constitución, como parte de las negociaciones destinadas a destrabar la agenda legislativa del sector.

La nueva propuesta sería suscrita por los senadores Arturo Squella (Republicanos), Pedro Araya (PPD) y Andrés Longton (RN), e incorporaría además aspectos de la reforma constitucional presentada por la senadora Paulina Vodanovic (PS), relacionada con la segregación penitenciaria.

Arrau señaló que durante las últimas semanas ha mantenido conversaciones con parlamentarios para buscar una fórmula que permita avanzar. Según explicó, el Ejecutivo no considera indispensable mantener una redacción específica, sino asegurar que la legislación entregue nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado y mejorar la segmentación de la población penitenciaria.

“Nosotros no nos enamoramos de una redacción particular”, sostuvo el ministro, quien indicó que el objetivo es ampliar las facultades disponibles para Gendarmería en materia de segregación y segmentación penitenciaria, además de fortalecer los instrumentos para combatir a las organizaciones criminales.

El secretario de Estado valoró el trabajo desarrollado por los senadores y señaló que todavía se analiza cuál será el mecanismo legislativo más adecuado. Entre las alternativas figura fortalecer una indicación o respaldar un nuevo proyecto presentado por los parlamentarios, escenario que eventualmente podría llevar al Gobierno a retirar su iniciativa.

Arrau precisó que las conversaciones han incluido a Longton, Squella, Araya y Vodanovic. Afirmó que el propósito es alcanzar un entendimiento que permita superar las diferencias existentes y, al mismo tiempo, facilitar la tramitación de otros proyectos de seguridad impulsados por el Ejecutivo.

En ese contexto, y tras la muerte del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera, el ministro llamó a alcanzar acuerdos políticos que permitan fortalecer las herramientas contra el crimen organizado y avanzar en materias como las reglas de uso de la fuerza.

Arrau sostuvo que el objetivo también es entregar mejores medios y atribuciones a las policías para desarrollar sus labores operativas y enfrentar situaciones de riesgo en las calles.

Consultado sobre si un eventual retiro de la reforma constitucional del Ejecutivo podría interpretarse como un fracaso político para el Gobierno, el ministro descartó esa lectura. A su juicio, conseguir la aprobación de normas que fortalezcan la seguridad debe prevalecer sobre las diferencias respecto de la autoría o redacción de las iniciativas.

La definición dependerá ahora del texto que presenten los senadores y del resultado de las conversaciones políticas en curso, mientras el Ejecutivo busca una fórmula que permita destrabar la discusión legislativa y avanzar en las reformas vinculadas con seguridad y sistema penitenciario. (NP-ChatGPT-Emol)