El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió este lunes el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo para fortalecer las herramientas contra el crimen organizado y el terrorismo, luego de las críticas que la iniciativa ha generado incluso entre sectores del oficialismo.

Tras encabezar el comité policial que se realiza al inicio de cada semana, Arrau abordó los cuestionamientos al nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública contemplado en la propuesta. El mecanismo busca entregar herramientas para enfrentar amenazas asociadas principalmente al crimen organizado que, según el Gobierno, no están suficientemente cubiertas por la legislación vigente.

La iniciativa ha recibido cuestionamientos por el alcance de las facultades propuestas y ha sido calificada como “iliberal” por el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke. Frente a esas críticas, Arrau aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a revisar aspectos específicos del proyecto durante su discusión legislativa.

El ministro afirmó que el Gobierno considera necesarias nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, pero manifestó flexibilidad respecto de los plazos y mecanismos de control establecidos en la propuesta. Según explicó, el objetivo central del Ejecutivo no depende de mantener una duración determinada para las medidas, sino de disponer del mecanismo constitucional.

Arrau agregó que, si los parlamentarios consideran necesario establecer controles más frecuentes sobre la aplicación del nuevo estado de excepción, el Ejecutivo está disponible para modificar la fórmula. El secretario de Estado sostuvo que los distintos componentes del proyecto son susceptibles de perfeccionamiento con el propósito de alcanzar un acuerdo que permita aprobar la reforma.

Frente a las acusaciones de que la propuesta tendría características autoritarias o iliberales, Arrau llamó a considerar la situación que enfrentan sectores de la población afectados directamente por la delincuencia y el crimen organizado. A su juicio, el debate debe tomar en cuenta las condiciones concretas de seguridad existentes en el país.

El ministro señaló que Chile, al igual que otros países latinoamericanos, enfrenta organizaciones criminales capaces de restringir las libertades de las personas y corromper instituciones estatales. Sostuvo que ese escenario obliga a analizar mecanismos extraordinarios para responder a fenómenos que han adquirido una mayor complejidad.

Arrau aseguró además que las herramientas planteadas por el Ejecutivo tienen antecedentes en la experiencia internacional. En ese sentido, pidió que la discusión se concentre en la evidencia y en los mecanismos utilizados en otros países, en lugar de limitarse, según afirmó, a críticas inmediatas o cálculos políticos.

Pese a defender la reforma, el titular de Seguridad señaló que el Ejecutivo no considera urgente acelerar su tramitación. Explicó que existen otras iniciativas legislativas que actualmente tienen mayor prioridad para el Gobierno.

Entre esos proyectos mencionó las reglas sobre el uso de la fuerza, la regulación de infraestructura crítica, la denominada Ley Naín 2.0, las iniciativas destinadas al fortalecimiento de Carabineros y la Policía de Investigaciones y la legislación orgánica de Gendarmería.

Finalmente, Arrau rechazó que la reforma introduzca mecanismos completamente ajenos al sistema constitucional chileno. Según sostuvo, varias de las herramientas relacionadas con estados de excepción ya tienen precedentes dentro del ordenamiento jurídico nacional y la propuesta gubernamental tendría un alcance incluso menor al de otros mecanismos actualmente vigentes. (NP-ChatGPT-Emol)