El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para enfrentar al crimen organizado y cuestionó las advertencias respecto de que las nuevas atribuciones contempladas en el proyecto podrían provocar una excesiva concentración de poder en el Presidente de la República.

Durante un punto de prensa, el secretario de Estado respondió a los reparos formulados por los académicos Arturo Fontaine y Javier Couso, quienes han advertido sobre los riesgos institucionales asociados a la propuesta y la posibilidad de avanzar hacia una denominada “dictadura constitucional”.

Arrau pidió que ese tipo de cuestionamientos sean fundamentados a partir del contenido específico de la iniciativa y sostuvo que las medidas propuestas por el Ejecutivo cuentan con referencias en legislaciones de otros países.

Como ejemplo mencionó la creación de un listado oficial de organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo. Según explicó, mecanismos similares existen en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia e India, aunque con diferentes procedimientos para determinar qué agrupaciones son incorporadas.

En la propuesta chilena, el listado requeriría un informe del Ministerio Público, sería presentado por el Ejecutivo y posteriormente tendría que recibir la aprobación de dos tercios del Senado. Arrau aseguró que este procedimiento contempla controles más exigentes que los observados en las experiencias internacionales analizadas por el Gobierno.

La reforma también propone establecer un régimen penitenciario especial para las personas cuya pertenencia a las organizaciones incluidas en ese listado sea acreditada.

Según el ministro, esta regulación requeriría protección constitucional para impedir que integrantes de organizaciones criminales o terroristas sean trasladados desde establecimientos de mayor seguridad mediante determinadas acciones judiciales.

Arrau explicó que la propuesta considera mantener el delito de pertenencia a organizaciones criminales, actualmente contemplado en los artículos 292 y 293 del Código Penal, pero estableciendo consecuencias más severas para quienes integren agrupaciones incorporadas al listado.

Otro de los aspectos que ha generado debate corresponde a la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. El ministro sostuvo que esta herramienta permitiría intervenir sectores territoriales específicos, como barrios o áreas reducidas que se encuentren bajo fuerte influencia del narcotráfico o del crimen organizado.

De acuerdo con Arrau, el mecanismo utilizaría normas de habilitación constitucional similares a las existentes para otros estados de excepción, por lo que rechazó que la propuesta implique crear atribuciones completamente ajenas al actual ordenamiento institucional.

El secretario de Estado manifestó, sin embargo, disposición a modificar el período durante el cual podría permanecer vigente esta herramienta. Señaló que el plazo es una materia abierta a la discusión legislativa y que podría adoptarse un sistema semejante al establecido para los demás estados de excepción constitucional.

Respecto de la autoridad encargada de administrar este nuevo régimen, Arrau explicó que podría quedar bajo responsabilidad de un general de Carabineros, considerando la experiencia de la institución en labores policiales y su coordinación con el Ministerio Público.

El ministro insistió en que el Gobierno está disponible para conversar sobre el contenido de la reforma y realizar modificaciones durante su tramitación, pero cuestionó los calificativos empleados por algunos de sus detractores.

Arrau sostuvo que las advertencias sobre una eventual concentración autoritaria de atribuciones no se condicen, a su juicio, con el texto presentado por el Ejecutivo. También afirmó que se ha instalado una serie de críticas que, pese a no calificarlas directamente como desinformación, considera alejadas del contenido efectivo de la iniciativa. (NP-ChatGPT-Emol)