El ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó la disposición del Gobierno a evaluar modificaciones al actual Estado de Emergencia como alternativa a la creación de un nuevo régimen de excepción constitucional, mientras la principal reforma de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) permanece sin avances en el Congreso.

La apertura del Ejecutivo se produce luego de una propuesta planteada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el senador Andrés Longton (RN), quienes han sugerido reforzar las atribuciones contempladas en el Estado de Emergencia que actualmente se aplica en la Macrozona Sur, en lugar de incorporar un quinto estado de excepción a la Constitución.

Arrau sostuvo que modificar el régimen vigente para incorporar algunas de las herramientas de carácter policial contempladas por el Ejecutivo podría constituir una alternativa viable y confirmó que existen conversaciones destinadas a encontrar un acuerdo.

El secretario de Estado precisó que el Gobierno mantendrá su propuesta de establecer un estado de excepción policial o de seguridad pública, pero reconoció que durante la tramitación parlamentaria pueden surgir fórmulas distintas que permitan alcanzar los mismos objetivos.

La reforma constitucional constituye una de las piezas centrales de la agenda de seguridad impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast. Entre otras disposiciones, busca consagrar la seguridad pública como un deber del Estado, establecer un registro de organizaciones criminales y terroristas y restringir determinados beneficios fiscales para personas condenadas por esos delitos.

La iniciativa también propone crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, uno de los puntos que ha generado mayores diferencias durante las conversaciones políticas.

El proyecto ingresó al Congreso el 17 de agosto, pero todavía no comienza su discusión en la Comisión de Constitución. El Ejecutivo resolvió disminuir el ritmo de su tramitación ante la ausencia de un acuerdo suficiente con los parlamentarios, incluidas diferencias entre representantes del propio oficialismo.

Arrau señaló que la menor urgencia otorgada al proyecto entrega espacio para continuar las negociaciones y sostuvo que el Ejecutivo no considera su fórmula original como la única alternativa disponible para enfrentar el problema.

Mientras la reforma constitucional permanece estancada, otras iniciativas de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo registraron avances durante esta jornada.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en primer trámite el proyecto que aumenta las sanciones por determinadas ofensas y atentados contra funcionarios policiales. La iniciativa obtuvo 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones y pasó a su segundo trámite constitucional.

Además de los partidos de derecha, el proyecto recibió respaldos provenientes del comité del Partido Liberal, la Democracia Cristiana y del diputado José Montalva (PPD). La propuesta había sido impulsada originalmente por parlamentarios de Renovación Nacional y posteriormente fue incorporada a la agenda del Gobierno.

Actualmente, el Código Penal contempla penas de presidio menor en su grado medio, entre 541 días y tres años, además de multas de 11 a 15 UTM para determinadas conductas de este tipo.

El proyecto agrega nuevos criterios para aplicar las sanciones, entre ellos que los responsables actúen en grupo o individualmente bajo el amparo de este. Asimismo, establece que cuando los hechos afecten a funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones o Gendarmería se aplique únicamente la pena privativa de libertad contemplada para la conducta.

Paralelamente, la Comisión de Seguridad del Senado avanzó en la discusión del proyecto destinado a modernizar los incentivos y extender la carrera funcionaria de los futuros integrantes de Carabineros.

La instancia abordó seis indicaciones presentadas por La Moneda. Además de ajustes de redacción, fue aprobada una disposición que establece, a partir del 1 de enero de 2027, un incentivo al desempeño policial destinado al personal de planta de Carabineros.

El beneficio también alcanzaría al personal contratado que se encuentre bajo las normas correspondientes a la escala de remuneraciones y bonificaciones aplicable a las Fuerzas Armadas y policías.

Los avances permiten al Ejecutivo sumar resultados legislativos en parte de su agenda de seguridad, mientras continúa buscando una fórmula de consenso para destrabar la reforma constitucional que concentra las principales diferencias políticas. (NP-ChatGPT-La Tercera)