La Arquidiócesis de la Iglesia Católica en Portland, en el estado de Maine, alcanzó acuerdos extrajudiciales con varias víctimas de abusos sexuales infantiles cometidos durante décadas por sacerdotes, en medio de una serie de demandas civiles que han involucrado a cerca de un centenar de personas.

Aunque no se han informado los montos exactos de las compensaciones, medios locales señalaron que aproximadamente la mitad de las reclamaciones estarían cubiertas mediante una suma millonaria destinada a resolver estos casos.

Abogados de las víctimas valoraron los acuerdos como una forma de reconocimiento después de años de silencio y cuestionamientos al manejo institucional de las denuncias. Sin embargo, algunos representantes legales sostienen que la diócesis aún no ha ofrecido disculpas directas a numerosas personas que denunciaron haber sufrido abusos.

El obispo James Ruggieri señaló previamente que los acuerdos buscan reconocer la gravedad de los hechos denunciados y el impacto que estos han tenido a largo plazo sobre las víctimas. La arquidiócesis indicó además que los recursos utilizados para las indemnizaciones habían sido reservados para enfrentar este tipo de litigios civiles.

Entre quienes iniciaron acciones judiciales figura Robert Dupuis, quien denunció públicamente haber sido víctima de abuso cuando tenía 12 años y presentó una demanda en 2022. Según relató, su objetivo inicial era incentivar a otras personas a denunciar, aunque no esperaba que el número de casos llegara a aproximarse al centenar.

Dupuis también participó años antes en gestiones para retirar el nombre del sacerdote John Curran de un puente en Augusta, después de que él y otras personas lo acusaran de abusos. Una investigación de la Fiscalía General de Maine incluyó posteriormente a Curran en una lista de clérigos fallecidos sobre los cuales existían acusaciones consideradas creíbles.

Otro de los demandantes es Keith Amato, quien, de acuerdo con sus abogados, tenía seis años cuando sufrió abusos por parte de un sacerdote. Las lesiones que presentó habrían requerido tratamiento médico y atención psicológica.

El aumento de las demandas fue facilitado por una reforma aprobada en 2021 por la legislatura de Maine, que eliminó los plazos de prescripción para iniciar acciones civiles relacionadas con abusos sexuales infantiles.

El caso se suma a otros procesos similares registrados durante los últimos años en diferentes estados de Estados Unidos, donde víctimas han recurrido a los tribunales para exigir responsabilidades por abusos cometidos por integrantes del clero y por eventuales encubrimientos institucionales. (NP-ChatGPT-Cooperativa-Portland Press)