El plan de desalojo y demolición de la población Cerro Chuño, en Arica, volvió al centro del debate político tras el cambio de postura de la exseremi de Vivienda y actual directora regional del Serviu, Gladys Acuña, quien durante años se opuso a la erradicación del sector y ahora aparece impulsando la estrategia del nuevo gobierno.

La controversia se agudizó luego de su participación en actividades junto al ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el actual seremi de la cartera, Francisco Meza, donde se presentó un plan de intervención que considera relocalización de familias, demolición de viviendas y manejo seguro de residuos en un área afectada por contaminación con metales pesados y presencia de crimen organizado.

Durante el gobierno de Gabriel Boric, la erradicación del sector no logró avanzar, en medio de resistencias internas y cuestionamientos sobre el impacto social de los desalojos. En ese período, la postura de Acuña fue determinante para frenar iniciativas que buscaban intervenir el barrio, pese a los riesgos sanitarios asociados a la exposición a plomo y arsénico.

El nuevo impulso al plan ocurre bajo la administración del presidente José Antonio Kast, que ha fijado un plazo de 90 días para iniciar las acciones. Desde el Ejecutivo se ha enfatizado la urgencia de intervenir el sector, donde se estima que cerca de mil niños estarían expuestos a contaminación.

El gobernador regional, Diego Paco, señaló que más allá de las diferencias previas, las autoridades deben alinearse con las directrices del nivel central, en un contexto de cambio de administración y prioridades.

RESISTENCIAS Y COSTO POLÍTICO

El cambio de posición de Acuña generó críticas en sectores del oficialismo anterior, particularmente en el Frente Amplio, que durante la administración pasada respaldó la negativa a desalojar, argumentando razones sociales pese a las condiciones de riesgo sanitario.

Asimismo, se reactivaron cuestionamientos sobre la inacción del Serviu en años anteriores, periodo en el que distintas autoridades, incluidos delegados presidenciales, no lograron concretar la erradicación del sector.

ESCENARIO ADMINISTRATIVO Y FUTURO DEL PLAN

En paralelo, la continuidad de Acuña en el cargo ha sido objeto de debate. La autoridad cumple en los próximos meses el período de su nombramiento vía Alta Dirección Pública, mientras desde el gobierno surgen presiones para su salida anticipada debido a su gestión previa.

Pese a ello, el nuevo equipo regional logró avanzar en una primera etapa de catastro en el sector, con la participación de decenas de funcionarios públicos, lo que permitirá dimensionar la magnitud de la ocupación irregular y planificar el proceso de relocalización.

El caso de Cerro Chuño se mantiene como uno de los desafíos más complejos en materia de vivienda, seguridad y salud pública en el norte del país, combinando factores de contaminación histórica, presencia de organizaciones criminales y tensiones políticas acumuladas. (NP-ChatGPT-El Mostrador)