Desde tiempos europeos remotos, preocupó instruir previamente a quien correspondía asumir la autoridad máxima de la entidad política de que se tratara, según el contexto histórico y cultural, con el objeto de que adquiriera atributos y conocimientos en diversas materias, para que su comportamiento público fuera de acuerdo con la tradición. Proceso tan relevante como la descendencia sanguínea.
De ahí la sentencia atribuida a Alejandro Magno: “Y si a mi padre debo la vida, a mi maestro le debo el triunfo”. Concepción que se mantuvo en las épocas siguientes, a través de los “espejos de príncipes” y otras formas, para asegurar una gobernanza virtuosa. Claro, no todos los aspirantes fueron aplicados y con la misma disposición. El asunto es que, para acceder a la autoridad suprema, se requería poseer formación cabal.
En el siglo XIX —según el país y Constitución— existieron requisitos básicos y otros más selectivos, referidos, en general, a ciertas cualidades individuales: personas de carácter, con integridad, compromiso con valores republicanos y una trayectoria y conocimientos sobre temas atingentes a la dignidad y responsabilidad del cargo.
En Chile, desde que se instauró la república, fue gobernada por un grupo genérico de políticos pertenecientes a la clase dirigente, en términos sociales, económicos y culturales. Accedieron a la Presidencia mediante un sistema electoral restringido, reservado a quienes acreditaran cierta edad, renta determinada y alfabetización. Fueron individuos con cualidades de liderazgo, por lo general, con una carrera política previa, habiendo detentado cargos en la administración de gobierno, poderes del Estado o la diplomacia. En su ejercicio habían adquirido sentido de nación y capacidad para representar a su población.
Los mandatarios con este perfil se extendieron hasta la segunda década del siglo XX. Porque a partir de 1920 —con excepción de 1927-1931, muy irregular en términos políticos— y bajo un sistema democrático, con participación electoral socialmente diversa, se optó por elegir a personas de características bastante similares a la etapa anterior, con una trayectoria política madurada y reconocida, con la diferencia de que se trataba de profesionales de clase media; entre ellos, la primera mujer. Secuencia que se extendió hasta años recientes.
El resultado electoral de 2022 causó sorpresa. Fue electo un Presidente joven, hacía poco egresado de la universidad y previamente diputado (2014-2022). Cierto, tuvo apoyo partidista, pero el haber pertenecido a la Cámara durante ocho años no supone una experiencia política apropiada, máxime sabiendo cómo funciona.
La coyuntura específica de la elección —en segunda vuelta— quizás explique la excepción, porque nuestro electorado históricamente ha sufragado razonadamente, con conocimiento cabal o aproximado de la trayectoria de los postulantes, valorando sus cualidades y dotes políticas.
Por otra parte, igual debiera reflexionarse más respecto de los limitados requisitos habilitantes, porque actualmente también puede postularse en forma independiente quien se considere idóneo. Le basta reunir un número determinado de firmas. (El Mercurio)
Álvaro Góngora
