El respaldo de Chile a una declaración conjunta promovida por Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado abrió un nuevo debate político sobre los alcances de la relación bilateral y una eventual participación de las Fuerzas Armadas chilenas en iniciativas regionales de seguridad.

El documento fue difundido a través de la red social X por el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, y corresponde a una Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles (A3C). El texto está fechado el 12 de marzo y aparece firmado por el ministro de Defensa, Fernando Barros.

La declaración expresa la intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental y conformar una coalición destinada a enfrentar el narcoterrorismo y otras amenazas transnacionales.

Judd destacó que la cooperación entre Chile y Estados Unidos frente al crimen organizado continúa avanzando. El diplomático reconoció que ambos países enfrentan realidades diferentes, pero enfatizó que estas organizaciones operan más allá de las fronteras nacionales.

La publicación se produjo pocos días después de que el ministro Barros marcara distancia de las pretensiones de Washington de recuperar principios asociados a la Doctrina Monroe. El secretario de Estado sostuvo entonces que Chile no es el “patio trasero” de ninguna potencia.

El episodio también ocurre en medio del interés estadounidense por conseguir el respaldo chileno a su iniciativa denominada Escudo para las Américas, aumentando el debate respecto de hasta dónde podría extenderse la cooperación bilateral en materias de defensa y seguridad.

Desde el Congreso surgieron distintas interpretaciones. El senador Manuel José Ossandón, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, valoró la búsqueda de cooperación con Estados Unidos para enfrentar amenazas transnacionales, aunque advirtió que una declaración de intenciones no equivale a comprometer la participación de las Fuerzas Armadas.

Ossandón cuestionó además que el embajador estadounidense divulgara ahora un documento firmado en marzo, señalando que la acción podría interpretarse como una forma de presión sobre Chile.

El senador recordó que cualquier eventual salida de tropas chilenas al extranjero requiere el acuerdo del Senado y recalcó que la cooperación internacional debe desarrollarse respetando la autonomía del país para adoptar sus propias decisiones.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Stephan Schubert (Republicanos), sostuvo que el documento no constituye un tratado internacional. A su juicio, se trata de una manifestación de cooperación similar a otras desarrolladas por Chile para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Schubert afirmó que el país debe continuar profundizando la colaboración internacional en estas materias, pero enfatizó que ello no significa renunciar a la defensa de los intereses nacionales.

La diputada Catalina del Real (Republicanos) respaldó la decisión del Gobierno y calificó la relación estratégica entre Chile y Estados Unidos como relevante para la seguridad regional. La parlamentaria planteó que la naturaleza transnacional de los carteles hace necesario fortalecer el intercambio de inteligencia y la cooperación entre ambos países.

Desde la oposición, en cambio, surgieron fuertes cuestionamientos a la actuación del embajador estadounidense. El diputado socialista Nelson Venegas calificó la publicación del documento como una presión política destinada, a su juicio, a involucrar a Chile y a sus Fuerzas Armadas en las estrategias de seguridad impulsadas por Washington.

Venegas sostuvo que una eventual subordinación de las decisiones militares chilenas a lineamientos extranjeros sería inaceptable y acusó una intervención impropia en los asuntos internos del país.

El diputado del PPD Raúl Soto también manifestó preocupación por la conducción de la política exterior y cuestionó el manejo del Gobierno frente a Estados Unidos. Según el parlamentario, existe un riesgo de debilitamiento de la autonomía que tradicionalmente ha caracterizado las relaciones internacionales chilenas.

La controversia instala así una discusión sobre los límites que deberá tener la cooperación con Washington. Mientras sectores oficialistas destacan la necesidad de sumar capacidades internacionales para enfrentar organizaciones criminales que operan entre distintos países, voces de la oposición y algunos parlamentarios advierten que cualquier acuerdo debe preservar la autonomía nacional y respetar las atribuciones constitucionales del Congreso. (NP-ChatGPT-Emol)